Lo hizo bajo apercibimiento de iniciarle sumario y de interponer denuncia penal por atentar contra la salud pública. Las autoridades de la institución habían informado por distintos medios que continuarían con la presencialidad, pese a las medidas del Gobierno Nacional.
Así lo resolvió un tribunal laboral platense, que entendió que la justicia local no puede decidir acerca de las políticas sanitarias nacionales en el marco de la pandemia.