- miércoles 29 de octubre del 2025
Se trata de la ley sancionada en 2017, que prohibió el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a personas condenadas por determinados delitos.
También suspendió la traba de embargos sobre los demás contribuyentes, hasta el 31 de marzo de 2021.
Seguirán habilitados los operativos hacia contribuyentes alcanzados por el impuesto a la riqueza y por Bienes Personales. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial
La Sala segunda de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, sostuvo que es necesario configurar alguna de las causales que autorizan la desafectación y cancelación de la inscripción del inmueble como "bien de familia" para poder ejecutarlo.
Hace 11 años la Corte Suprema se expedía sobre la posibilidad de disponer medidas cautelares por parte de la administración sin necesidad de intervención judicial previa.
Así lo decidió al considerar que la ejecución extrajudicial de dos sujetos por parte de agentes policiales se basó en razones de discriminación por edad y condición socioeconómica.
La propuesta del ejecutivo de modificar la ley de ejecución penal tiene como eje la implementación de mecanismos basados en la resolución alternativa de conflictos, la mediación y la justicia restaurativa.
Una fugaz reseña sobre el caso "Ramírez Hugo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires" de la Suprema Corte bonaerense.
Se concretó la orden que impartió la justicia federal y bonaerense en torno a víctimas del terrorismo de Estado.
La Resolución 5408/2023 dictada por la entidad pública operará hasta el 31 de diciembre inclusive.
La Corte requirió a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a que en el plazo de 30 días informe el grado de avance del saneamiento de la cuenca.
La Cámara del Fuero determinó que esos tribunales conocerán en procesos de ejecución, además de los tributarios, por cobro de servicios, mejoras y multas.
El Tribunal Oral Federal consideró que la ley de ejecución penal vulnera el principio de igualdad al excluir a personas condenadas por delitos previstos en la Ley 23.737 en los artículos 5, 6 y 7.
Los demandantes buscan que la resolución tenga efectos para todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
