El Poder Legislativo aprobó un acuerdo internacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, que busca proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con un desarrollo sostenible
Se trata de un tratado internacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.
La norma garantiza la incorporación de contenidos ambientales en las currículas de todos los niveles educativos.
Se cumplen 13 años de una de las sentencias más relevantes que el máximo tribunal haya dictado en materia ambiental.
Se trata del predio de 72 hectáreas ubicado en la Costanera Sur. El juez ordenó suspender el tratamiento legislativo del proyecto hasta tanto se acompañe un estudio de impacto ambiental y se acredite la realización de una audiencia pública.
El juez consideró que la audiencia pública es un requisito indispensable antes de avanzar con el proyecto en la ex ciudad deportiva de Boca, pero que ésta puede ser unificada con la audiencia que se exige entre la primera y la segunda lectura de la ley.
Admitió el planteo de propietarios de tierras que fueron indisponibles por la legislación y ordenaron indemnizarlos.
La decisión se da luego de un reclamo de vecinos del barrio de Caballito por la falta de llamado a audiencia pública y del tratamiento legislativo del proyecto que dispone la anulación de una vía en una avenida.
Se trata del acuerdo firmado entre la firma IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia porteña consideró que no se dio cumplimiento a la convocatoria a audiencia pública previo a la remisión del proyecto a la Legislatura porteña.
Se cumplen 14 años de una de las sentencias más relevantes que el máximo tribunal haya dictado en materia ambiental.
Una cámara de apelaciones de Paraná anuló la resolución que habilitaba la práctica sobre diversas especies.
El magistrado Santiago Martín consideró que aún no se presentó la evaluación de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto, ni se le dio la debida participación a la Administración de Parques Nacionales.
Se trata de una de las primeras sentencias del país que aborda las fumigaciones y delimitó que, a menos de 200 metros, son perjuiciales para la salud y el ambiente.
La Audiencia Pública tendrá lugar el viernes 7 de julio desde las 10 horas en el Parque Multipropósito "La Estación", alojado en calle Guemes 700, Avellaneda.
Una decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata en el marco de una causa por disposición final de residuos peligrosos.
Una decisión de la jueza Ventura Martínez que, además, dispuso liberar al uso público una calle apropiada por la obra privada.
Aniversario de una de las sentencias más relevantes que el máximo tribunal haya dictado en materia ambiental.
La decisión reemplazó la quema y estableció un mecanismo para su manejo para evitar el daño ambiental.
Se trata de una excepción a la prohibición que rige desde 2011 en la cuenca. La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Turismo de Nación y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Consideraron que la falta de sanción del Código Ambiental —a más de un cuarto de siglo de su previsión— lleva implícita un agravio constitucional al derecho de participación ciudadana que merece ser atendido.
Así lo decidió la jueza Zunilda Niremperger al hacer lugar a una medida cautelar. Consideró el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema de continuarse con los actos de desmontes.
Así lo decidió en el marco de una causa en la que se solicitaba que se declare la invalidez de diversas cláusulas de la Constitución de la provincia de Tucumán, incorporadas en la reforma del año 2006. Intervino como conjuez Pablo Bertuzzi. Accedé a la sentencia.
Así lo resolvió el juez federal Alberto Osvaldo Recondo. Ordenó la suspensión de acciones de desmonte y movimientos de suelo sobre las costas que se extienden entre los partidos de Punta Indio y Magdalena.
Lo hizo al entender que su rol en este pleito culminó con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
En una decisión que consideró no sólo la preservación del medio ambiente, sino también la identidad cultural del pueblo rural y la calidad de vida de la comunidad de la zona.