Se cuestionaban las transferencias de datos personales recolectados en la época de pandemia por la supuesta falta de consentimiento de los usuarios.
Así lo dictaminó la Procuración General en el marco de una causa donde ANSES cedió datos de ciudadanos para que el Poder Ejecutivo lleve adelante acciones de comunicación.
La normativa se basa en las nuevas directivas del Parlamento Europeo, tendientes a elevar el nivel de protección de los derechos de la ciudadanía respecto a sus datos personales.
El juez Walter Lara Correa consideró que es la ANSES y no el Ministerio de Desarrollo Social la encargada de informar los datos personales de los beneficiarios. Sin embargo, aclaró que ello no implica que esa información pueda estar exceptuada de su divulgación por contener datos personales o sensibles.
La Agencia de Acceso a la Información Pública consideró que el grupo no tomó las medidas técnicas y organizativas que garantizaran el principio de seguridad de la información, luego de haber sufrido un ataque contra su sistema informático.
El Canal Prioritario se trata de una herramienta que ofrece una respuesta rápida ante la violencia digital. Es una vía excepcional, que acelera el reclamo individual frente a las empresas de tecnología y permite a las autoridades administrativas tomar medidas urgentes.
En el marco del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, que se oficializó con la Resolución 119/2022.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
La fecha fue elegida en función de que el 28 de enero del año 1981 se firmó el Convenio 108 con el fin de resguardar el derecho a la privacidad.
Fue en el marco del Simposio sobre Privacidad que se celebró en Venecia, convirtiéndose así en el 23° Estado en aceptar el Protocolo Modificatorio del Convenio.
Los jueces, en el mismo sentido que una decisión administrativa que así lo estableció, contemplaron que la referida información en la actualidad no cumple una función necesaria.
Lo decidió la Justicia Federal en el marco de un habeas data donde afirmó que no bastaba con informar de manera genérica el cumplimiento de dichas medidas, sino que debe expresarse cuáles específicamente ha adoptado.