Se trata de una medida solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa provincia en la que cuestionó la reglamentación de la AFIP.
Así lo decidió la jueza federal Rita María Ailán en el marco de una acción promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en defensa del libre ejercicio de la profesión.