La norma invita a los Concejos Deliberantes de cada municipio a adherir a la Ley y a crear un Registro Permanente de espacios.
La pretensión exige que el Poder Ejecutivo de "certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres".
El Juez Federal Ariel Lijo solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que garantice el adecuado funcionamiento de la ex-ESMA.
Así lo decidió el Ministerio de Seguridad Nacional, argumentando que no están expresamente reconocidos por la ley; en las cárceles de jurisdicción provincial se mantienen permitidos.
Una cautelar del juez Mariano Iturralde suspendió el artículo 2° de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación y habilitó la permanencia de los estudiantes en los centros educativos "durante el tiempo que resulte necesario para el estudio y las actividades extracurriculares".
La medida fue oficializada por el decreto 1379/2025 publicado en el Boletín Oficial bonaerense; se implementa para fomentar la investigación científica y tecnológica, con el propósito de lograr un desarrollo sostenido, social y económico, tal como establece la Constitución provincial.
La medida cautelar fue adoptada por el juez federal Martín Bava a favor de una empleada de uno de los cincuenta y nueve Centros de Referencia que habían sido cerrados en el mes de marzo.