El organismo entendió que los estados pueden incurrir en responsabilidad internacional por no controlar adecuadamente las fuentes generadoras de dióxido de carbono que contribuyen a afectar derechos humanos de los niños y las niñas que viven dentro y fuera de sus territorios.
Se trata de la observación número 26 adoptada por este organismo, motivada por peticiones de niños/as y jóvenes de todo el mundo que alertaron sobre cómo la crisis climática afecta a sus derechos.