El CELS presentó la acción colectiva, a raíz de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, por considerar que profundiza el campo de discrecionalidad de las fuerzas federales.
Se presentó en el marco del 40°aniversario del Centro de Estudios Legales y Sociales. El documento tiene 11 capítulos y destaca las desigualdades en materia de derechos humanos. Se trata de la primera producción del organismo escrita en lenguaje no binario.
El juez Gustavo Pierretti consideró que la resolución del Ministerio de Seguridad no importa una limitación o amenaza a la libertad ambulatoria, y que en caso de que afecte el derecho a la libertad de expresión o de reunión, ello debería reclamarse a través de una acción de amparo.
Postuló que el recurso extraordinario del Estado Nacional es inadmisible.
Una sentencia de 2016 así lo estableció pero el Poder Legislativo todavía no cubrió la vacante.
La procuradora Monti sostuvo que se debe evaluar si son válidas las defensas fundadas en la Ley de Inteligencia Nacional.
Se trata del caso del subcomisario Jorge Gutiérrez, cuyo caso llegó en 2013 a la Corte Interamericana y motivó la reapertura del proceso. El juicio se celebra en la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata.
Se cumplen 18 años de la decisión de la Corte Suprema que ordenó hacer cesar las detenciones de personas en comisarías bonaerenses. En 2021, el Máximo Tribunal ratificó que aún no habían cesado los agravamientos que originaron la decisión y obligó a la Suprema Corte bonaerense a adoptar medidas para revertir la situación.
El máximo tribunal aconsejó la utilización de tobilleras electrónicas y ordenó revisar denegatorias de libertades anticipadas con el objetivo de reducir la población carcelaria.
Se cumplen 19 años de la decisión de la Corte Suprema que ordenó hacer cesar las detenciones de personas en comisarías bonaerenses. En 2021, el Máximo Tribunal ratificó que aún no habían cesado los agravamientos que originaron la decisión y obligó a la Suprema Corte bonaerense a adoptar medidas para revertir la situación.
La decisión subrayó que se trata de planes existentes, que protege a sectores vulnerables y que no implica la determinación de una política por parte del Poder Judicial.
El Ministerio de Capital Humano tendrá 48 horas para cumplir con una orden cautelar decretada días atrás.
La acción busca tutelar el principio de progresividad ante la paralización de obras destinadas a sectores vulnerables.
Así lo decidió la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Fue en el marco de una acción colectiva, promovida por el CELS contra la ANMAT, en la que se pretende que no se exija receta archivada para acceder al fármaco.
La decisión subrayó que se trata de planes existentes, que protege a sectores vulnerables y que no implica la determinación de una política por parte del Poder Judicial.