La decisión tomada por el máximo tribunal brasileño podría modificar la situación procesal del ex presidente Lula da Silva, quien se encontraría en condiciones de quedar en libertad.
La decisión la adoptó el juez del máximo tribunal del Brasil, Edson Fachin.
Por 3 votos contra 2, el máximo tribunal brasileño determinó que el ex juez de Curitiba no garantizó la imparcialidad en el juzgamiento del ex presidente de ese país.
La medida, publicada en el Boletín Oficial de hoy, comenzará a regir a partir del sábado.
Así lo hizo, al anular las condenas por corrupción al ex presidente Luiz Inacio "Lulas" Da Silva, por incompetencia del Tribunal.
Ante una acción civil pública presentada por el Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor, se ordenó bloquear las cámaras de seguridad que la empresa concesionaria de la Línea 4 de metros en San Pablo, VíaQuatro, estaba utilizando para capturar imágenes, sonidos y más datos personales de los pasajeros que utilizaban el servicio, protegiendo así la privacidad de más de 350.000 transeúntes.
El máximo tribunal brasileño deberá decidir acerca de una medida cautelar que busca suspender la realización del torneo por el riesgo de aumento de contagios y muertes por Covid-19.
La jueza Mariana Wallace del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación de Córdoba optó por ese trámite, aplicando las Reglas de Brasilia.
Fue oficializado en el suplemento de Boletín Oficial de día de ayer, horas antes del encuentro que disputaron Argentina y Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.
Fue para notificar a una mujer, que sólo habla y entiende quechua, que su hija biológica está en condiciones de ser adoptada. Asimismo, el tribunal y la defensa redactaron párrafos de lectura fácil en español, que fueron traducidos por intérpretes.
Lo decidió el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que refrendó la decisión adoptada el pasado 30 de agosto donde suspendió la red social que dirige Elon Musk e impuso multas de hasta 50.000 reales por día a quienes usen VPN para usar la red social incumpliendo la medida judicial.
La medida está fundada en la Ley 6.771 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre pasado