Así lo dispuso esta mañana -hora argentina- la Asamblea Legislativa, con 62 votos a favor sobre un total de 84.
Así lo decretó el Poder Ejecutivo, facultado por la Ley de Competitividad n° 25.413.
La idea es poder complementar y brindar mayores recursos y herramientas en el marco de la persecución penal.