La presunta víctima es un jubilado que ingresó su tarjeta de débito en un cajero automático para que a su sobrino pudieran depositarle un premio.
Por un engaño telefónico, un jubilado otorgó información personal a una persona que solicitó un préstamo, un adelanto de haberes y efectuó transferencias desde su cuenta bancaria. El Banco es condenado porque el sistema de protección resultó insuficiente, aplicándole daños punitivos.
El juez Alejandro Esmoris declaró la nulidad de toda la causa y envió copia de la resolución al Consejo de la Magistratura, por los contactos que existieron entre el Juez Federal, Luis Armella, con los ex funcionarios que participaron de las reuniones en las oficinas del Banco Provincia.
Fue a raíz de que un cliente desconociera una serie de operaciones realizadas desde su cuenta. El juez Carlos Catoggio, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°25 de La Plata, consideró que hubo una desatención por parte de la entidad bancaria porque no desplegó medidas de seguridad adecuadas a fin de evitarlo.
Una fugaz reseña sobre el caso "Ramírez Hugo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires" de la Suprema Corte bonaerense.