Además, se ordenó cautelarmente a la entidad bancaria que se abstenga de debitar de la cuenta del actor las cuotas de un préstamo que también habría sido consecuencia de una estafa telefónica.
En línea con lo resuelto recientemente por la Suprema Corte bonaerense, se invalidó la ley que modificó la forma de actualización de los haberes de los jubilados del organismo.
La Ley 27.721 dejó de requerir "acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia".