- miércoles 29 de octubre del 2025
Lo hizo en el marco de una causa iniciada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aplicando la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental.
Se trata de una de las normas nacionales más relevantes en materia ambiental que tiene como finalidad la protección del ecosistema y mitigar la deforestación. Conocé cuáles son sus lineamientos.
El Poder Legislativo aprobó un acuerdo internacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, que busca proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con un desarrollo sostenible
Se trata de un tratado internacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.
El proyecto, que tenía media sanción en Diputados, fue votado con 58 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones, garantiza la incorporación de contenidos ambientales en las currículas de todos los niveles educativos.
La norma garantiza la incorporación de contenidos ambientales en las currículas de todos los niveles educativos.
Se cumplen 13 años de una de las sentencias más relevantes que el máximo tribunal haya dictado en materia ambiental.
Será por 180 días. Es a causa del déficit de precipitaciones en las cuencas del río Paraná, del río Paraguay y del río Iguazú, considerada la bajante más importante de los últimos 75 años.
Se trata del predio de 72 hectáreas ubicado en la Costanera Sur. El juez ordenó suspender el tratamiento legislativo del proyecto hasta tanto se acompañe un estudio de impacto ambiental y se acredite la realización de una audiencia pública.
El juez consideró que la audiencia pública es un requisito indispensable antes de avanzar con el proyecto en la ex ciudad deportiva de Boca, pero que ésta puede ser unificada con la audiencia que se exige entre la primera y la segunda lectura de la ley.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Admitió el planteo de propietarios de tierras que fueron indisponibles por la legislación y ordenaron indemnizarlos.
También se intimó a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a que en el término de sesenta días determine -junto al Poder Ejecutivo- el inicio y plazo de ejecución del Proyecto de Tratamiento y Disposición Final de los Líquidos Cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
La decisión se da luego de un reclamo de vecinos del barrio de Caballito por la falta de llamado a audiencia pública y del tratamiento legislativo del proyecto que dispone la anulación de una vía en una avenida.
Se trata de una medida cautelar que ordena a la empresa a abstenerse de iniciar las tareas de exploración hasta tanto se dicte sentencia definitiva
El organismo solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que garantice la protección de derechos de incidencia colectiva
Se trata del acuerdo firmado entre la firma IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia porteña consideró que no se dio cumplimiento a la convocatoria a audiencia pública previo a la remisión del proyecto a la Legislatura porteña.
La empresa está emplazada en el barrio La Rotonda de Florencio Varela. El fallo le otorga un año de plazo para mudar sus instalaciones
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Lo decidió el juez Viri en el marco de un amparo ambiental. La prohibición abarca al tramo correspondiente a Entre Ríos.
Se tiene en consideración que el bien jurídico comprometido es el medio ambiente, de naturaleza colectiva. Además, se ordenó la acumulación por conexidad de todas las causas que buscan la cesación de las actividades de exploración, para evitar pronunciamientos contradictorios dictando una sentencia única.
La Cámara Federal de Mar del Plata declaró abstracto los recursos contra la medida cautelar de suspensión del proyecto, y mandó a realizar una nueva evaluación de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Un grupo de vecinos y vecinas platenses alegan que la comuna está realizando las tareas sin cumplir con la Ley de Arbolado Público. Además de la suspensión cautelar de las actividades, reclaman que se implemente un plan anual de forestación.
Se cumplen 14 años de una de las sentencias más relevantes que el máximo tribunal haya dictado en materia ambiental.
Una cámara de apelaciones de Paraná anuló la resolución que habilitaba la práctica sobre diversas especies.
El magistrado Santiago Martín consideró que aún no se presentó la evaluación de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto, ni se le dio la debida participación a la Administración de Parques Nacionales.
Los magistrados revocaron la medida cautelar que suspendía el Proyecto y dispusieron una serie de condiciones esenciales para su desarrollo. También, exhortaron a las autoridades administrativas a que mantengan el máximo nivel de control.
Se trata de una de las primeras sentencias del país que aborda las fumigaciones y delimitó que, a menos de 200 metros, son perjuiciales para la salud y el ambiente.
La Audiencia Pública tendrá lugar el viernes 7 de julio desde las 10 horas en el Parque Multipropósito "La Estación", alojado en calle Guemes 700, Avellaneda.
Una decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata en el marco de una causa por disposición final de residuos peligrosos.
El juzgado tuvo en consideración la crueldad del hecho imputado y la gravedad del daño ambiental ocasionado a la fauna silvestre. Se trata de la caza de un ejemplar de yaguareté que se encuentra declarado como monumento natural.
Una decisión de la jueza Ventura Martínez que, además, dispuso liberar al uso público una calle apropiada por la obra privada.
Aniversario de una de las sentencias más relevantes que el máximo tribunal haya dictado en materia ambiental.
La decisión reemplazó la quema y estableció un mecanismo para su manejo para evitar el daño ambiental.
Se trata de una excepción a la prohibición que rige desde 2011 en la cuenca. La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Turismo de Nación y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Consideraron que la falta de sanción del Código Ambiental —a más de un cuarto de siglo de su previsión— lleva implícita un agravio constitucional al derecho de participación ciudadana que merece ser atendido.
Así lo decidió la jueza Zunilda Niremperger al hacer lugar a una medida cautelar. Consideró el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema de continuarse con los actos de desmontes.
Así lo decidió en el marco de una causa en la que se solicitaba que se declare la invalidez de diversas cláusulas de la Constitución de la provincia de Tucumán, incorporadas en la reforma del año 2006. Intervino como conjuez Pablo Bertuzzi. Accedé a la sentencia.
Admitieron una demanda de vecinos de la ribera de la destilería YPF por los daños provocados en el agua, suelo y subsuelo por la actividad relacionada al petróleo.
Así lo resolvió el juez federal Alberto Osvaldo Recondo. Ordenó la suspensión de acciones de desmonte y movimientos de suelo sobre las costas que se extienden entre los partidos de Punta Indio y Magdalena.
Lo hizo al entender que su rol en este pleito culminó con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
En una decisión que consideró no sólo la preservación del medio ambiente, sino también la identidad cultural del pueblo rural y la calidad de vida de la comunidad de la zona.
La decisión se adopta en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONG.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires le reconoció aptitud procesal al Fiscal de Estado para accionar contra una firma que vierte residuos en Villa Gesell y Pinamar, con el fin de proteger el ambiente bonaerense. El ambiente y los recursos naturales existentes en su territorio forman parte del patrimonio de la Provincia, que el Fiscal de Estado está llamado a proteger.
La sentencia ordenó el cese de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Caimancito y el pozo Ca.e3, así como la ejecución de un plan de recomposición ambiental que deberá concluir antes de 2030.
