- sábado 22 de marzo del 2025
Creado por la Ley N° 26.117 en el año 2006, se encargaba de fomentar el desarrollo integral de las personas, a los grupos de bajos recursos y a las organizaciones de la sociedad civil; entre los argumentos se menciona la necesidad de acotar los gastos según la emergencia pública expuesto en el DNU 70/23 y la Ley Bases.
En la línea de disolver fondos fiduciarios y herramientas financieras públicas, este viernes el Gobierno eliminó mediante el decreto 1094/2024 el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social creado por la Ley N° 26.117 en el 2006 bajo la gestión de Nestor Kirchner y dedicado a “estimular el desarrollo integral de las personas” y los “grupos de bajos recursos”.
Los basamentos del decreto son el DNU 70/23 y la Ley Bases. En el primero se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del 2025.
Por otra parte la Ley Bases N° 27.742 se declaró también la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año. Esta medida expone en su artículo 1° la “gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado”.
Entre los motivos esgrimidos por el Ejecutivo se mencionan que “las Instituciones de Microcrédito adheridas al Programa carecen de la capacidad técnica y la experiencia necesaria para gestionar eficientemente los fondos asignados”. También agregan una deficiencia en la gestión del riesgo crediticio por parte de las Instituciones de Microcrédito, la no implementación de un registro formal de dichas instituciones y la falta de evaluaciones formales para medir la efectividad de la política en los emprendedores de la economía social.
La Ley creadora del Programa sancionada en el 2006 tenía los objetivos de la promoción y regulación del microcrédito para impulsar el desarrollo de las personas, los grupos de escasos recursos y el “fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales”.
En el texto original se permitía un microcrédito destinados a financiar la actividad dentro del marco de la Economía Social, ya sean colectivos o individuales, cuyo monto no exceda una suma equivalente a 12 Salarios Mínimo, Vital y Móvil.
Por último el otorgamiento de financiamiento para la administración libertaria constituye una “actividad que debe ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado o público”. Además menciona que en la época actual existen varias instituciones financieras así como organizaciones sin fines de lucro con capacidad de brindar líneas de microcréditos activas, “lo que indicaría la capacidad del sistema financiero para satisfacer esta demanda”.
La norma cuenta con las firmas del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
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