- viernes 25 de abril del 2025
La Cámara de Diputados modificó la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres .
La Cámara de Diputados de la Nación incorporó la violencia política como una de las modalidades de violencia de género previstas en la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
De esa manera, a la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y la ocurrida en espacios públicos, se incorpora la llamada violencia política contra las mujeres definida como “aquella acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, incluyendo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles.”
Dicha modificación da cumplimiento a las recomendaciones realizadas en la “Declaración sobre la violencia y el acoso políticos contra las mujeres” formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (MESECVI) en el año 2015. Bien como se afirma en tal Declaración, la mayor visibilidad de esta violencia política contra las mujeres se vincula al aumento de la participación política de las mujeres, en particular en los cargos de representación política, que a su vez, es consecuencia de la aplicación de cuotas de género y de la paridad, medidas que han sido adoptadas por un número importante de países de las Américas.
La ley de protección integral a las mujeres, sancionada en el año 2009, ya había sido modificada en mayo de este año incorporando el llamado “acoso callejero” también como una forma de llevar adelante algún tipo de violencia, entendiendo que es la que se produce en el espacio público o de acceso público, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual.
Por otra parte, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que garantiza el cupo femenino en los recitales musicales. Se trata de que en cualquier evento convocante de artistas o agrupaciones se deberá incluir un 30% de participación de mujeres y disidencias. También, aprobó un servicio gratuito y accesible de asistencia lingüística para víctimas de violencia de género que no hablen español o cuenten con un dominio limitado del idioma, o tengan impedimentos auditivos o visuales.
A su vez giró al Senado un proyecto que prohíbe el uso, portación, tenencia y transporte de armas, a aquellas personas que registren en su contra procesos en curso o medidas preventivas vigentes como consecuencia de denuncias vinculadas a la violencia contra las mujeres y contra la familia; y otro proyecto sobre paridad de género en la conducción de organismos científicos.
