• domingo 17 de enero del 2021
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La Suprema Corte de Justicia Bonaerense confirmó el abandono de la doctrina del fallo “Ginzo” en un reciente precedente

Fue al resolver a favor de competencia del fuero contencioso administrativo, en las cuestiones que versen sobre la responsabilidad patrimonial generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, aún si se invocaren o aplicaren normas del derecho privado.

Se trata del resolutorio adoptado –por la mayoría del Tribunal- en la causa “Morera Daniela Iris y otro C/ Estado de la Provincia de Buenos Aires S/ Materia a Categorizar – Confl. de Competencia”, donde el Alto Tribunal Local dispuso que, en los casos en los que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del Estado por el obrar disfuncional de órganos jurisdiccionales, la competencia para conocer en tales supuestos pertenece al fuero contencioso administrativo.

La causa tuvo su origen en una demanda entablada por los actores contra la Provincia de Buenos Aires y quien resultare responsable, por los daños sufridos mediante un allanamiento dispuesto en el marco de una investigación penal preparatoria (IPP), la que consideraron antijurídica y por ende entendieron que hubo una prestación irregular del servicio por parte de la Provincia.

En primer lugar, las actuaciones fueron radicadas por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 del Departamento Judicial Morón, cuya titular se declaró incompetente y remitió las presentes al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.

Consideró la magistrada que el objeto de la causa encuadraría en lo dispuesto por el art. 166 de la Constitución Provincial (cita a su vez normas concordantes de la ley 12.008), por lo que la jurisdicción contencioso administrativa resultaría competente para entender en los actuados remitiendo los mismos a sus efectos.

Así las cosas, recibidas las actuaciones en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Morón, su titular decidió no aceptar la declinación de competencia del juzgado remitente. Para decidir así, entendió que los actores pretendían hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia y esta cuestión debía ser resuelta por los órganos del fuero Civil y Comercial.

Sostuvo a su vez que los presupuestos del art. 166 mencionado como así también las reglas del Código Contencioso Administrativo (CCA), condicionan la competencia del fuero a que la actuación u omisión denunciada sea en el ejercicio de funciones administrativas, y que en el presente caso la conducta reprochada se encontraría ocasionada en la actividad jurisdiccional de la Provincia, por lo que resultaría ajena a la competencia del fuero especializado. De esta forma, planteó formalmente la contienda negativa de competencia para que sea resuelta por ante la Suprema Corte de Justicia.

Recibida la causa por el Alto Tribunal y puesta a resolver, la Corte Bonaerense, con mayoría de votos de los jueces Soria, Pettigiani, Torres y Genoud, expresó que es competencia del fuero contencioso administrativo entender y resolver las controversias suscitadas por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos descriptos en el art. 166 de la CPBA. Agregó a ello también las cuestiones que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, Municipios y entes públicos estatales, aún si se invocaren o aplicaren normas del derecho privado.

Entendió la Corte que la codificación aprobada por la ley 12.008 (Código Contencioso Administrativo), incorporó un elemento normativo fundamental que no había sido considerado en causas análogas en las que tuvo ocasión de resolver la misma –bajo otro plexo normativo-, lo que hacía replantear el enfoque que se venía siguiendo.

Sostuvo el Alto Tribunal que en lo atinente al conocimiento y decisión de las pretensiones que persigan un resarcimiento, la normativa vigente en la materia (CCA) ha expandido el ámbito anterior de la jurisdicción contencioso administrativa, abarcando toda la gama de casos relativos a la responsabilidad patrimonial de la Provincia (así como de los restantes entes estatales y locales) por su actuar u omitir, mediando una conducta lícita o por razón de su ilicitud.

Argumentó la Suprema Corte que las modificaciones prescriptas por la ley 12.008 deben primar ante un potencial conflicto con normas –anteriores a ésta- que asignaban competencia al fuero civil, toda vez que la primera es la ley posterior. Lo cual, expresó la Corte, evidencia una manifiesta intención de confiar la decisión de los litigios centrados en el denominado “error judicial” (situación análoga al caso en análisis) a la justicia contencioso administrativa.

A su vez, y no menos importante, destacó el Alto Tribunal que con la sanción y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial se observa una política legislativa inclinada por la doctrina publicista en lo tocante al instituto de la responsabilidad del Estado, citando las normas del mismo que remiten expresamente a las del derecho administrativo nacional o local –según corresponda- y sus principios.

En virtud de lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resolvió que la responsabilidad del Estado por el obrar disfuncional de órganos jurisdiccionales pertenece a la competencia contencioso administrativa.

De esta manera, se consolida el abandono de la doctrina emergente del fallo “Ginzo” (SCBA, sent. del 19-IV-2006), donde la mayoría de aquella ocasión había dispuesto declarar competente al fuero civil y comercial para entender en la materia.

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