• martes 22 de septiembre del 2020
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Buenos Aires, un Estado en Emergencia

Culmina hoy un período de gobierno en la provincia de Buenos Aires que estuvo marcado en su totalidad por normativa de emergencia.

A pocos días del inicio de gestión de María Eugenia Vidal, representante de la lista ganadora de las elecciones del año 2015 por la alianza Cambiemos, como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, se inició la actividad normativa para atender los asuntos que se consideraron más urgentes.

La Ley n° 14.806(1), declaró la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, por el período de 12 meses, hasta enero de 2017. Antes del vencimiento de dicho plazo, en noviembre de 2016, se dictó la Ley n° 14.866 que prorrogó su vigencia por un año (hasta enero de 2018), e igual decisión se tomó por medio del dictado de la Ley n° 14.990 y de la Ley nº 15.001, completando así la provincia de Buenos Aires con los cuatro años del período de gobierno con emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria (enero de 2016 a enero de 2020).

Entre otras cuestiones, las normas citadas prevén la autorización a los Ministerios de Seguridad y Justicia para ejecutar obras y contratar los servicios y suministros que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la ley, utilizando normas de excepción y eximiéndose de las prescripciones de diversas leyes y decretos que implican el paso previo de los expedientes por los organismos de control de la Provincia.

Por otro lado, la emergencia declarada faculta asimismo a los Ministerios de Seguridad y Justicia tanto a convocar para prestar servicios a personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense en situación de retiro, como a reasignar funciones, destinos, resolver la disponibilidad o desafectar del servicio a los agentes.

Poco tiempo después de la declaración de emergencia en seguridad, el 31 de marzo de 2016, se declaró la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia mediante la Ley n° 14.812(2) y, el 19 de mayo del mismo año, se estableció la emergencia administrativa y tecnológica en la provincia, mediante el dictado de la Ley n° 14.815.

Al igual que la primer, éstas últimas fueron prorrogadas en dos oportunidades por el término de un año cada una, pero con la diferencia que la primera prorroga mediante decreto (3) y la segunda por ley (4), ya que las normas declarativas de la emergencia prevén la facultad del Poder Ejecutivo de prorrogar su vigencia por el plazo de un año y por única vez, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado (art. 1 de la Ley n° 14.812 y de la Ley n° 14.815).

Es por ello que en oportunidad de extender el plazo de vigencia por segunda vez surgió la necesidad del dictado de una nueva ley, la Ley n° 15.022 que prorroga ambas emergencias (infraestructura y administrativa) y faculta al Ejecutivo para ampliar su vigencia por igual plazo y única vez, en el supuesto de verificarse que las causales que justifican la emergencia persistan, y previa comunicación a la Comisión Bicameral prevista en el artículo 10 de la Ley n° 14.812 y artículo 8 de la Ley n° 14.815 (art. 1).

Ello ocurrió nuevamente este año 2019, con el dictado de los Decrestos nº 270 y 532, del 16 de abril y del 23 de mayo, se prorrogaron  los artículos 1º y 2º de la Ley 15.022, finalizando de esta manera el ciclo de los cuatro años de emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y, administrativa y tecnológica en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Por su similitud en lo sustancial, podemos decir que ambas normas autorizan a todos los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de dichas leyes, haciendo uso de las normas de excepción y pudiendo eximirse del cumplimiento de las prescripciones de las normas de los Organismos de Asesoramiento y Control.

Sin perjuicio de ello, a diferencia de la emergencia en seguridad, se dispone que previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en todo el proceso de contratación, deberá dar cuenta de su actuación a los Organismos de Asesoramiento y Control, los que deben expedir sus informes, dictámenes y vistas en un plazo máximo y común de 7 días hábiles, entendiéndose que no existen objeciones que formular si no lo remitieren en dicho plazo.

 A la luz de lo antes mencionado y sin desconocer la existencia de otras normas que regulan la emergencia en otros campos, las emergencias en trato apuntan a obtener procedimientos de contratación más simples (menor cantidad y alcance de las publicaciones, plazos abreviados, intervenciones conjuntas, etc.), en desmedro del control, ya que la intervención de los órganos de control se encuentra limitada temporalmente, e incluso postergada a un momento posterior al dictado del acto de adjudicación, y en ocasiones con posterioridad de ejecutada la contratación al solo efecto de dar cuenta de la actuación  [vg. emergencia en seguridad –art. 4 Ley n° 14.806-(5)].-

Se pone el énfasis en esta última cuestión de pérdida de las facultades de control, porque es esa la intención de este paquete de emergencia. Y esto es así ya que el resto de las finalidades buscadas por las normas excepcionales pueden cumplirse con las normas que regulan los procedimiento de contratación, no siendo necesario el dictado de normas de emergencia, sino solo aplicando los mecanismos extraordinarios ya establecidos [vg. art. 9 inc. d) Ley n° 6.021, art. 18 ap. 2 inc. d) Ley n° 13.981].

Es así como entonces, a lo largo de todo el período de gobierno de María Eugenia Vidal, se desvirtuó la función de control en la provincia de Buenos Aires, en la que se prevé la intervención de asesoramiento jurídico (Asesoría General de Gobierno) y de control (mediante los órganos de la constitución, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado) con carácter previo (y no posteriormente como en otras jurisdicciones) al dictado del acto administrativo por el que puedan resultar afectados los intereses patrimoniales de la provincia.

Ello podría justificarse en una situación excepcional justificada y para las que se dictan normas de excepción, que siempre deben ser temporalmente acotadas. Parece ser que la situación especial que justificó el dictado de la emergencia en seguridad pública y de política y salud penitenciaria; en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; y, administrativa y tecnológica en la provincia de Buenos Aires, no ha mejorado de manera tal que pueda considerarse fuera de la emergencia.

A principio de año, al abordar las normas más trascendentes del año 2018, nos preguntabamos si en este 2019, el Poder Ejecutivo haría uso de la facultad otorgada por la ley de ampliar el plazo de vigencia de las declaraciones de emergencia, cumpliendo así los cuatro años consecutivos de mandato bajo el régimen de normas de excepción. A la vista está la respuesta.

Ahora cabe preguntarse, con la misma fuerza, ¿entenderá necesario y razonable seguir utilizando herramientas excepcionales para cuestiones ordinarias la próxima gestión?. Para cuestiones extraordinarias, cuya urgencia sea reconocida, ya vimos que las normas provinciales establecen mecanismos excepcionales que deben ser los medios por los cuales deben atenderse, eso si, evidenciando la existencia de la circunstancia que lo justifique. Esperamos que el próximo no sea otro gobierno en emergencia.

(1) Dicha previsión es igual a la dispuesta en la Ley n° 11.304, que faculta al Poder Ejecutivo a declarar de  Emergencia Obras y/o acciones indispensables de ejecutar en forma inmediata por una reconocida urgencia o debido a imprevistas circunstancias, ante situaciones de desastre que se produzcan en zonas de la Provincia, afectadas por casos de fuerza mayor, tales como: incendios, inundaciones, terremotos, epidemias, y establece que “ejecutada la obra y/o acción encarada, el Poder Ejecutivo deberá dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución, conforme a la legislación vigente” (art. 4).

(2) Su entrada en vigencia data del día 20 de abril de 2016, día que fue publicada en el Boletín Oficial

(3) El Decreto n° 52/17 prorroga por un año la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, y el Decreto n° 53/17, hace lo propio en referencia a la  emergencia administrativa y tecnológica. Ambos decretos fueron suscriptos por la Gobernadora María Eugenia Vidal el 17 de abril de 2017.-

(4) Ley n° 15.022

(5) Sancionada el día 15, promulgada el 16 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de enero de 2016

 

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