• lunes 09 de diciembre del 2019
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La Justicia rechazó una demanda contra Lanata y Wiñazki por supuestos dichos falsos en sus programas

Se trata de una acción por responsabilidad civil contra los periodistas iniciada por Norberto Yauhar, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, debido a que en emisiones radiales y televisivas lo vincularon con el delito de narcotráfico.

Por el voto de los jueces Gastón Polo Olivera y Carlos Bellucci, integrantes de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, se revocó la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda iniciada por Norberto Yauhar, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objeto de que se condene a Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., Radio Mitre S.A. y Ozono Producciones S.R.L. por las distintas manifestaciones que lo vinculaban al narcotráfico realizadas en los programas “Periodismo Para Todos” y “Lanata Sin Filtro” y también en el programa radial “Cada Mañana”.

El juez de primera instancia admitió parcialmente el planteo de Yauhar y condenó a los demandados a abonarle la suma de $600.000 más intereses en concepto de indemnización por los dichos emitidos en los programas donde se lo acusó de “estar en el negocio de la droga”, “tener contacto con los narcos” y “estar relacionado con el tema narco”. Asimismo, estimó que tales afirmaciones son falsas porque de la causa no surgió ningún elemento que vincule a Yauhar con el negocio de la droga, falsedad que consideró conocida por los periodistas demandados.

No obstante, los magistrados de la Cámara, en aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Patitó, entendieron que no se probó en la causa que la supuesta falsedad de la noticia haya sido conocida por los demandados o que hubiesen tenido desprecio por hallar la verdad. En ese sentido, consideraron que no basta con una presunción para configurar “el factor subjetivo del concepto ‘real malicia’ (conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad)”, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien demanda.

Además, argumentaron que el funcionario público involucrado en labores periodísticas de interés general debe cargar con una tolerancia mayor a manifestaciones que pueden resultar agraviantes ya que, ante el conflicto de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la intimidad, el Derecho debe estar a favor del primero, “por su evidente proximidad al núcleo democrático de nuestra Constitución Nacional”.

 

Accedé al fallo.

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