• lunes 09 de diciembre del 2019
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A 10 años de "Campo Algodonero": la sentencia de la Corte Interamericana que visibilizó la violencia contras las mujeres

El 16 de noviembre de 2009 el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) examinó la situación estructural de violencia contra las mujeres basada en su género y sentó un importante precedente. Fue en el marco de tres feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, México.

El 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que se convertiría en un importante precedente en materia de perspectiva de género en el caso “González y otras vs. México”, conocido como “Campo Algodonero”.  

El pronunciamiento responde a tres denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002 que alegaban la responsabilidad internacional de México por las irregularidades en la investigación del asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Monárrez.  Las mujeres habían sido encontradas en una fosa común en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez.

En el año 2005 la Comisión declaró admisibles las denuncias y le solicitó a la Corte declarar al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humano y los artículos 1.1, 2 y 7 de la Convención Belém Do Pará.

En el fallo, que celebra una década, fue  por primera vez que  la CIDH tomó la definición de violencia de género ofrecida por la Convención Belém Do Pará en su artículo primero. Ella refiere lo siguiente: "Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

 La Corte entonces definió  el estándar de “debida diligencia”,  establecido en el artículo séptimo de la misma convención en términos de determinar el deber de prevención de crímenes basados en el género.

En ese sentido, sostuvo en su resolución que:  “Los Estados, deben adoptar medidas integrales para cumplir con debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo, con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias ”.  

En “Campo Algodonero” el tribunal interamericano retomó la doctrina del riesgo previsible y evitable enmarcando los casos ocurridos en términos de crímenes no particulares, sino como miembros de un colectivo más amplio que se ve afectado por una situación estructural de violencia y desigualdad.

Además, fue una  ocasión en la cual se estableció  la determinación  del alcance de la responsabilidad del Estado por los crímenes que habrían sido cometidos, según la prueba disponible, por actores no estatales. Asimismo, se atribuyó dicha responsabilidad a terceros o particulares en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de los derechos entre individuos, entendiendo la existencia de una obligación positiva de adoptar las medidas que aseguren la efectiva protección de aquellos derechos. Se podría enmarcar en lo que se llama doctrina de la complicidad en la cual se atribuye responsabilidad objetiva al Estado como si la acción del particular hubiese sido ejecutada por un agente de manera directa.

La doctrina del riesgo previsible y evitable surge del sistema europeo de derechos humanos y había sido incorporado por la Corte Interamericana en algunos precedentes relacionados con la violencia paramilitar en el conflicto armado colombiano. Esto no significa que el Estado debe responder frente a cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares, sino que dicha responsabilidad es atribuible frente a que el mismo tome conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado. La demanda de la CIDH y el escrito de los peticionarios ante la Corte plantean diferentes hipótesis donde se verifica una situación de riesgo a evitar: la violencia, discriminación e impunidad que afectaba a las mujeres jóvenes de los sectores pobres de Ciudad Juárez.

Cabe tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte se compone de siete jueces. En la actualidad Eugenio Raul Zaffaroni, quien fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  integra dicha composición.

Accedé a la sentencia. 

 

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