• lunes 09 de diciembre del 2019
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La Corte Suprema deberá definir si los jueces federales de las provincias pueden tramitar causas colectivas sobre tarifas

La Cámara Contencioso Federal le elevó una causa donde se discute si los jueces federales del interior pueden llevar adelante estos procesos o si exclusivamente le corresponde a los porteños.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió elevar a la Corte Suprema una causa que proyecta una importante cuestión en torno al acceso de los ciudadanos a la justicia, concretamente, si los litigios colectivos en materia de tarifas de servicios públicos pueden tramitar ante los jueces federales de todo el país o si, por el contrario, esos juicios deben ser exclusivamente tratados por los jueces federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de que, en esa ciudad sede del Gobierno Nacional, se dictan las normas cuestionadas. 

Cabe recordar que hace tiempo se viene librando una batalla legal entre las asociaciones de consumidores y el Poder Ejecutivo respecto a la competencia territorial de los jueces federales para conocer en este tipo de causas. 

En tal sentido, dos criterios contrapuestos se han registrado en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La Sala III avaló el criterio del Poder Ejecutivo de que las causas colectivas por tarifas deben tramitar exclusivamente ante los jueces federales porteños pero, a diferencia, la Sala I de ese Tribunal se inclinó por la posición de las asociaciones de defensa de los consumidores y reconoció la competencia de los jueces federales de Junín y de La Plata, respectivamente en dos importantes decisiones de este año. 

La novedad reciente es que ahora la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, reconociendo un criterio excepcional, concedió el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo Nacional contra su decisión que reconoció la competencia de la Justicia Federal de La Plata para tratar una causa colectiva nacional. Los jueces Clara Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio consideraron que la decisión reviste un interés institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

"Ello es así, toda vez que el pronunciamiento impugnado ha proyectado sus efectos sobre la distribución de las competencias, en términos constitucionales y legales, de los tribunales federales del Poder Judicial de la Nación con diversos asientos en el territorio del país", justificó la Cámara Contenciosa. 

El pronunciamiento en cuestión llegó en el marco de la causa que, con alcance en todo el país, inició el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) en la Justicia Federal de La Plata, contra las normas que dispusieron que, a partir de enero de 2019, los usuarios del servicio de gas natural deberán pagar en 24 cuotas y con interés la diferencia del precio del gas registrada entre abril y septiembre de 2018, producto de la suba del dólar a consecuencia de la devaluación del peso.

De tal modo, llega al máximo tribunal la segunda causa donde se discute la competencia para tramitar litigios colectivos en causas sobre tarifas dado que existe otro expediente, tambien de la asociación CEPIS, que aguardan decisión de los supremos. 

Accedé al fallo que concede el recurso

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