• jueves 21 de noviembre del 2019
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El Ministerio Público dictaminó a favor de una medida cautelar que suspenda el DNU que redujo indemnizaciones por accidentes laborales

El dictamen surge de la acción iniciada por el Colegio de Abogados tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del DNU 669/2019.

Así lo dispuso en el día de hoy la Fiscalía Nacional del Trabajo n°3, subrogada por el fiscal Gabriel de Vedia, al dictaminar que la medida precautoria solicitada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resulta en principio procedente y por tanto entendió que se encuentran los requisitos cumplidos para que se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia n°669/19 del pasado 30 de septiembre.

El DNU en cuestión modificó la Ley N° 24.557 que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo e introdujo un nuevo criterio para calcular el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. El decreto argumentó sobre la necesidad de modificar el artículo 12 de la mencionada norma que establece cuál será el ingreso base para  calcular el monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador: “No obstante el propósito tenido en vista por el legislador, la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores”.

Ante la modificación realizada, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó una acción de amparo colectiva con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad del decreto y que cautelarmente se suspendan los efectos de dicha norma a fin de que no se aplique el nuevo artículo 12 de la ley hasta tanto la justicia no determine la constitucionalidad de dicha modificación. Entre otros fundamentos, por entender que la aplicación de dicho decreto genera una lesión de imposible reparación posterior, tanto sobre el derecho de propiedad y trabajo de los abogados limitando su derecho a laborar, viendo restringidos sus honorarios, de naturaleza tan alimentaria como los créditos laborales que defienden a través del patrocinio de contingencias relacionadas con los riesgos del trabajo; como el derecho de todos los trabajadores en su conjunto, incluidos los abogados trabajadores en relación de dependencia, de acceder a una justa indemnización.

De dicha presentación surge el dictamen favorable para que se suspenda la aplicación del DNU 669/19 entre otros fundamentos porque la aplicación de la Tasa RIPTE dismunuíria notablemente las indeminizaciones y que de la lectura del decreto pareciera que se intenta dar primacía a los intereses de las empresas aseguradoras por sobre los derechos y las limitaciones de los trabajadores accidentados en ocasión del trabajo.

Ante ello, resalta el Fiscal que las disposiciones del derecho laboral se deben caracterizar por el espíritu “protectorio” en favor del más débil de la relación, como es el sujeto trabajador, y que frente a este postulado aparece el concepto de orden público laboral, imponiendo la imposibilidad de incumplir, o de renunciar las normas del trabajo, pues son normas de orden público.

Accedé al Dictamen, al DNU 669/19 y al Amparo presentado por CPACF

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