• domingo 17 de noviembre del 2019
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Análisis de los aspectos más importantes del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial

En tiempos donde se cuestiona la credibilidad del Poder Judicial, es fundamental destacar nuevas estructuras procesales que tengan a la oralidad como protagonista y que contribuyan a la cercanía de los jueces con la ciudadanía.

Por Gustavo Germán Rapalini (*)

I.- INTRODUCCION

En tiempos donde (desde hace -al menos- unas cuantas décadas) el derecho procesal focaliza -entre otros- sobre el problema de la duración de los procesos[1] y donde nuestro máximo tribunal federal de justicia asume sin rodeos una “crisis de legitimidad” del Poder Judicial por la pérdida de “credibilidad y confianza”[2], todo análisis sobre nuevas estructuras procesales donde la oralidad cobre protagonismo y el juez se coloque mas cercano a las partes, adquiere notable relevancia.

Más concretamente y en referencia a la pretensa reforma del sistema adjetivo civil y comercial nacional, el anteproyecto ministerial de 2019, entre sus instituciones más relevantes, persigue introducir en la experiencia vernácula la denominada contractualización del proceso, replanteando el balance entre los valores contrapuestos de la libertad y la autoridad, que reivindican como espacios propios el de la autonomía de la voluntad vis à vis la imposición unilateral por el legislador de las reglas de juego del enjuiciamiento civil[3].

En cuanto a sus lineamientos troncales, lejos de limitarse a un catálogo de buenas ideas o de formulaciones abstractas deseables, a diferencia de otras propuestas de reforma procesal, se sustentó empíricamente en estadísticas —de al menos dos años— de labor judicial en oralidad en 14 jurisdicciones de la Argentina. Sus resultados sirvieron esencialmente de base para proyectar dicha futura legislación. Ello es una metodológica novedosa y cualitativamente superadora de lo acontecido con anterioridad al respecto, dado que posee un soporte previo que la avala y una impronta realista que la inspira[4].

Sobre tales premisas, las presentes líneas tienen como modesta finalidad brindar aspectos salientes del proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento civil nacional.

 

II.- PUNTEO GENERALIZADO DE LAS MODIFICACIONES MAS SALIENTES

Con la innegable cuota de subjetividad de toda tarea humana, entendemos merecen resaltarse aquí: 1) la introducción de un título preliminar ("principios"; art. 1 a 12); 2) la armonización en cuanto a la forma de acreditar la personería -poderes- (art. 22) con la normativa fondal (art. 969, 1017 y cc., CCyC); 3) la incorporación de la acción autónoma de revisión de cosa juzgada (art. 123, inc. "d"); 4) se estipula como regla general que las medidas cautelares se dictarán previa sustanciación (art. 153); 5) se amplían las posibilidades de tramitar una prueba anticipada inclusive a consecuencia de posibles soluciones conciliatorias (art. 203); 6) se mantiene como regla general la carga de la prueba pero se incorpora expresamente asimismo (en consonancia con el art. 1735 del CCyC) la posibilidad de que el juzgador la distribuya en quien meritúe se encuentre en mejores condiciones de hacerlo (art. 214); 7) en materia de resoluciones judiciales, se mantiene la clasificación ya conocida[5] aunque incorporando la necesariedad de la fundamentación de las providencias simples que resulten denegatorias de la petición esgrimida (art. 296 in fine); 8) en materia recursiva se legisla específica y armónicamente el recurso de aclaratoria (art. 323; 324), se amplía a 5 días el plazo para interponer el embate revocatorio (art. 325), se introduce legislativamente la revocatoria in extremis (art. 328), y en cuanto al recurso de apelación, se estipula que el mismo deberá ser interpuesto fundado (art. 330); 9) en cuanto a estructuras o arquetipos procesales, se prevé el "ordinario por audiencias",  de "justicia inmediata" (pequeñas causas, vecindad, etc) y los "procesos especiales" (donde la vedette resulta ser la incorporación del proceso monitorio -art. 445-). Ello, nobleza obliga, entre tantas otras modificaciones e incorporaciones legislativas de las que el proyecto hace gala.

 

III.- LOS PILARES PARA LA INTRODUCCION DE LA ORALIDAD EFECTIVA EN LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO

A diferencia de lo que ocurre con el proyecto de la Provincia de Buenos Aires, el Proyecto Nacional establece una redacción nueva (aunque reproduce dispositivos que ya se encontraban en la ley 17.454), con otra sistemática y ordenamiento. Sin embargo, el Proyecto Nación coincide con el Proyecto Bonaerense (y sus antecedentes) en la organización de un proceso de conocimiento por audiencias con acentuada oralidad[6].

El innegable hilo conductor podemos encontrarlo sobre la base de tres pilares neurálgicos: 1) Audiencias: entendidas como ese momento procesal donde de manera insubsanable el juez debe tener un contacto directo ya con el material probatorio[7] ya con las partes[8] (léase: Inmediación), y de cuya actividad procesal quedará registro videograbado; 2) Gestión del proceso: simbiosis entre la introducción del case Management, con la necesariedad de una acentuación en determinados pasajes del impulso de oficio y la concentración en la realización de los actos procesales; 3) Incorporación de las TIC`s, desde la actual utilización de sistemas que garantizan las presentaciones y notificaciones electrónicas, hasta aspirar (en un futuro mediato) a la instauración de expediente digital.

 

IV.- LA ORALIZACIÓN DE LAS ETAPAS SUSTANCIALES DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO. LA INELUDIBLE PRESENCIA DEL JUEZ

La oralidad viene tempranamente estipulada desde el art. 2, en tanto garantiza la publicidad y la inmediación, establece la regla oral como el mecanismo preferente de desarrollar la actividad procesal, oralidad que se impone en el art. 45, inc. “d”, al señalar los deberes de los jueces (impostergables y con previsiones para su debido cumplimiento -arts. 90 incs. a y g, 425, 426, 428 inc. c y 430-).

Este art. 45 del Proyecto Nacional resulta de fundamental importancia para interpretar las normas que regulan la actividad judicial en el proceso, porque establece: i) El deber de juezas y jueces de asistir a las audiencias; ii) La oralidad como modo general de desarrollar la actividad procesal, salvo que se establezca expresamente otra cosa; iii) La necesidad de que la presencia del tribunal sea ininterrumpida durante la audiencia; iv) El carácter absoluto y no convalidable de la nulidad que se produzca por la infracción al deber de asistencia a las audiencias.

El mencionado art. 45 no limita ni restringe la obligatoria presencia del juzgador a las audiencias preliminar y de vista de causa, sino que, al contrario, la exige de modo generalizado para todas las audiencias.

De tal forma, no llama la atención que también se prevea la oralidad en el trámite de los incidentes. Por supuesto, tanto en la audiencia preliminar, como en la audiencia de vista de causa, se exige oralidad con presencia de quien vaya a juzgar bajo pena de nulidad absoluta.

Al regular los procesos de justicia inmediata, no se hace la misma aclaración respecto de la presencia de la jueza o el juez, pero su obligatoriedad bajo pena de nulidad absoluta resulta de los citados arts. 2º y 45, inc. “d”, así como de las propias actividades que deben desarrollarse durante el curso de la audiencia, que solo pueden ser cumplidas por el propio tribunal

De este modo podemos decir que, también en el Proyecto Nación la presencia de quien vaya a juzgar, en todas las audiencias, es obligatoria bajo pena de nulidad[9].

 

V.- ALGUNAS CONCLUSIONES

La actualidad marca que se debe pasar de un marcado fracaso a una necesaria efectividad del proceso judicial. Ello implica introducir a la oralidad como mecanismo concreto para gestionar información, a la par de introducir y utilizar a la tecnología (TIC´s), en consonancia con una mayor gestión judicial.

El programa Justicia 2020 fue concebido como es un espacio de diálogo institucional y ciudadano que buscaba construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente. Ese ha sido sin dudas la loable finalidad de los especialistas llamados a esquematizar esos presupuestos en normas procesales.

El resultado de tales premisas conlleva una mayor eficacia y calidad del servicio de justicia, que se ve reflejado en los tiempos, el contenido de las decisiones, una mayor justicia en la solución concreta al conflicto, tiende a concretizar la igualdad de trato de los justiciables, implica propender a un lenguaje más claro y a tener a las partes más presentes, audiencia (inmediación) mediante, en las etapas sustanciales del devenir del proceso.

En la matríz de tal cambio, subyace un imprescindible redefinición del -nuevo- rol tanto del juez como de los abogados. A partir de ello, una interacción más directa e inmediata con el justiciable que -finalmente- pasará a ser sujeto del proceso judicial. Esa ha sido (entendemos) la idea que se tuvo. Esperamos que también sean los resultados los que la consagren.-

 
 


*Abogado de la Matrícula. Docente de Grado y Posgrado de Derecho Procesal (UNLP, UNA y UCES).

[1] Lo cual, lógicamente, impacta directamente en desmedro de la garantía a una tutela judicial efectiva.

[2] Se puedo escuchar esas frases, entre tantas otras, en el discurso inaugural del año judicial del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, con fecha 20/3/2019.

[3] BERIZONCE, Roberto O.: " Los acuerdos procesales en el reciente Anteproyecto

del Código Procesal Civil y Comercial Nacional", Tomo LA LEY 2019-E (diario del 13/9/2019; página 6)

[4] HANKOVITS, Agustín F.: "Las reformas de los códigos procesales en lo civil y comercial y el gerenciamiento del flujo de casos", Tomo LA LEY 2019-E (diario del 13/9/2019; página 2)

[5] Providencias simples (art. 296), sentencias interlocutorias (art. 297), sentencias homologatorias (art. 268) y sentencias definitivas (art. 299).

[6] GUILLO CIOCCHINI, Pablo A.: " La oralidad efectiva en los proyectos de códigos procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Tomo LA LEY 2019-E (diario del 13/9/2019; página 13)

[7] En términos de producción de prueba testifical, confesional o bien -excepcionalmente- pericial.

[8] No solo la audiencia de vista de causa sino, principal y anteriormente, la audiencia preliminar.

[9] GUILLO CIOCCHINI, Pablo A.: " La oralidad..."; cit.,

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