• sábado 19 de septiembre del 2020
logo
add image

La Suprema Corte de Justicia Bonaerense rechaza la violencia laboral en el Poder Judicial

Se trata de una resolución del máximo órgano judicial de la provincia sobre el trato que debe dispensarse entre integrantes del poder judicial para evitar situaciones de acoso o violencia laboral

La Suprema Corte de Justicia Bonaerense, por medio de la Resolución 2206/19 dictada el pasado 18 de septiembre, se pronunció acerca del trato digno, con respecto y cortesía que debe mantenerse entre los magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as que integran el Poder Judicial en la provincia. 

En la misma destaca el compromiso asumido en la prevención y sanción de la violencia y el acoso en el trabajo, entendiendo que más allá de las medidas de investigación y sanción de las conductas desde la vertiente disciplinaria, corresponde adoptar acciones preventivas a fin de que los y las integrantes del Poder Judicial tengan en consideración las aristas que reviste dicha problemática y eviten incurrir en cierta tolerancia a prácticas que deben ser erradicadas.

Dichas medidas se encuentran establecidas en la Ley de Violencia Laboral de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.168), donde en su artículo 2 queda establecido que se entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios/as y/o empleados/as públicos o terceros vinculados directa o indirectamente con ellos, que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.

A su vez, la resolución en cuestión menciona el reciente convenio celebrado en Ginebra el pasado 10 de junio por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), donde se expresa que dicha violencia y acoso estarán dados sea que ocurran una sola vez o de manera repetida teniendo como objeto causar o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico.

La Suprema Corte hace saber además la existencia de vías específicas para canalizar la problemática, por intermedio de la Dirección de Resolución de Conflictos o de la Subsecretaría de Control Disciplinario. Téngase en cuenta que a los fines de resguardar adecuadamente los derechos al debido proceso y de defensa de los trabajadores/as se creó el Reglamento Disciplinario para Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder Judicial (Acuerdo 3354). En el mismo queda establecido la aplicación de sanciones disciplinarias en caso de existencia de falta de respeto a otros/as magistrados/as y demás integrantes del Poder Judicial, auxiliares de justicia, abogados/as, litigantes y público en general. Lo mismo aplica para el abuso de autoridad o de poder debidamente acreditado. En su articulado detalla la via procedimental a llevar adelante por el/la denunciante, la cual podrá efectuarse en forma oral u escrita y será formulada ante los funcionarios/as de la Subsecretaría de Control Disciplinario dependiente de la Suprema Corte de Justicia, quienes tendrán la obligación de recibirla.

El compromiso por la prevención y sanción de la violencia y el acoso en el trabajo asumido por la Corte es concordante con su reciente sanción del Acuerdo 3949 donde se establece una licencia para los supuestos de violencia sufrida por las agentes del Poder Judicial. En el marco de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley26.485) se establece que la violencia laboral ejercida sobre aquellas es una modalidad que comprende la discriminación a las mismas en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.

Accedé a la Resolución 2206/19

footer
Top