• sábado 07 de diciembre del 2019
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Rechazo de la ONU al decreto del gobierno que permite expulsar extranjeros con antecedentes penales

Así lo comunicó en las observaciones finales que el Comité para la protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias elaboró esta semana en sus sesiones en Ginebra, en la que instó a su inmediata derogación

El caso de la enfermera Vannesa Gómez Cueva fue analizado durante las deliberaciones.

El Comité sobre Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas promulgó esta semana sus observaciones finales sobre la República Argentina en la que instó al gobierno a derogar el Decreto N°70/2017, que permite expulsar a extranjeros que cuenten con antecedentes penales.

En este sentido, el Comité expresó su profunda preocupación por la promulgación y aplicación de dicho decreto por parte del gobierno, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018.

Respecto al procedimiento de expulsión, el Comité señaló que el recurso único ante la Dirección Nacional de Migraciones, las deficiencias en el sistema de notificación y la posibilidad de expulsar sin protocolos que protejan al trabajador migrante y su familia (entre otros), se oponen a la Convención sobre Trabajadores Migratorios.

Durante las deliberaciones con el Estado, se trataron distintos casos, entre ellos los de Vannesa Gómez Cueva y Liz Moreta, que cumplieron penas por delitos de estupefacientes y que fueron perjudicadas por el decreto. La primera de ellas fue habilitada la semana pasada para volver al país, mientras que la segunda aún se encuentra defendiendo su permanencia en la Argentina.

En otro punto, señaló preocupación respecto al mensaje que las autoridades y los medios de comunicación realizan, asociando a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad.

Asimismo, criticó la legislación argentina por cuanto no contempla dentro de los trabajadores migratorios a los cuentapropistas que no provengan de países del Mercosur, quedando fuera de dicha categoría los trabajadores informales africanos, por ejemplo.

La legislación de las provincias también resultó apuntada, entre ellas las de Chubut, Jujuy y Misiones, en tanto no respetaría estándares de derechos humanos en la materia.

Según los informes presentados por la Defensoría General de la Nación, hay al menos 125 casos de expulsiones de personas extranjeras por contar con antecedentes penales, que según las observaciones del Comité, el Estado argentino deberá volver a revisar.    

Accedé al informe

 

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