• sábado 19 de septiembre del 2020
logo
add image

Ley de Acceso a la Información Pública: unifican criterios para su aplicación

Mediante una resolución se publicaron los indicadores de mejores prácticas para garantizar la celeridad en las solicitudes.

Mediante la resolución 48/2018 se publicaron en el Boletín Oficial los indicadores de mejores prácticas de aplicación de la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública. El objetivo es unificar los criterios para el trámite de las solicitudes y garantizar la celeridad del proceso. 

La Ley N°27.275 fue sancionada por el Congreso en el 2016 con el objetivo de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. 

Por lo tanto, sostiene que cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. En caso de que eso no ocurra, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial.

En ese contexto, la autoridad de aplicación de la ley, la Agencia de acceso a la información pública (AAIO), ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, argumentó sobre la necesidad de determinar criterios para la resolución de ciertas situaciones que actualmente derivan en reclamos administrativos. 

Los lineamientos publicados mediante la resolución 48/2018 tienen el objetivo de que toda persona que ejerza el derecho de acceso a la información pública tenga previsibilidad de cómo actuará la Administración Pública Nacional y otros sujetos obligados.

En esa misma línea, en su artículo 1 define qué se entenderá  por interés público a toda aquella información que resulta relevante y beneficiosa para la sociedad en general (excluyendo el mero beneficio individual), constructiva del bien común. Por ejemplo: información referente a la salud pública, medio ambiente, seguridad pública, a asuntos socioeconómicos y políticos y a la transparencia en la gestión pública.

También la será aquella que afecte intereses o derechos generales, la referida al proceso político, a la gestión pública y al diseño de los marcos institucionales que gobiernan a la sociedad. Asimismo, se le da el mismo carácter a información sobre asuntos necesarios para ejercer el control político sobre las instituciones, para participar en la toma de decisiones públicas que puedan afectar a la sociedad, o para ejercer los derechos políticos.  Por ejemplo: hechos que refieran a la administración de fondos públicos, a la malversación de fondos (o enriquecimiento ilícito) o al incumplimiento en el ejercicio de funciones públicas.

Además, se prevé que si bien los empleados públicos tienen mayor expectativa de privacidad en comparación a los funcionarios públicos, la información vinculada a remuneración, funciones y demás cuestiones de desempeño deberá considerarse pública. No obstante, en caso de que exista conflicto normativo, se deberá determinar el alcance de la restricción en relación al interés público. 

Por otra parte, se establece cómo será la remisión de las solicitudes y cuál es el trámite a seguir cuando el requerimiento involucra la respuesta de múltiples organismos.

Resolución: https://bit.ly/2LCRnvU

footer
Top