• sábado 07 de diciembre del 2019
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La prisión preventiva y la ansiedad social

Por Jesús Penayo Amaya (*)

La pugna entre el estado de inocencia, principio básico del estado social de derecho, y la necesidad de respuesta inmediata del Poder Judicial hacia la sociedad toma ribetes impensados al momento de analizar el instituto de la prisión preventiva, dejando incluso al descubierto que la concepción sobre la finalidad de la pena que tiene el derecho contemporáneo no condice con la creencia popular,  la cual tiene rasgos de venganza, el famoso ojo por ojo, diente por diente.

En la casi totalidad de los ordenamientos procesales este instituto tiene requisitos expresos, los cuales tienden justamente a defender el estado de inocencia, y por sobre todo el derecho a permanecer en libertad mientras dure el proceso, siendo el mismo afectado mínimamente y bajo ciertas circunstancias.

Pero la creencia popular como la presión de los medios masivos de comunicación es diametralmente opuesta en la mayoría de los casos, por eso es usual que se soliciten y reclamen un delibery de prisiones preventivas.

El Código Procesal Penal de Entre Ríos  contempla en su artículo 353 que cuando existan elementos de convicción suficientes de la participación del imputado, y después de recibida la declaraciones, el Juez de Garantías, por pedido del Fiscal, dispondrá la prisión preventiva. ¿Para qué?, para asegurar la presencia del imputado durante el proceso, especialmente si surgiera como probable la aplicación de una pena privativa de libertad, además de que no entorpecerá la averiguación de la verdad.

El propio código entrerriano plantea las pautas legales (Cfr. 354); se debe considerar el monto de la pena, la naturaleza del hecho intimado, los motivos, la actitud posterior y la personalidad moral del imputado. Además el peligro de fuga (Cfr. Art. 355) y el peligro de entorpecimiento (Cfr. Art. 356).

¿Un inocente puede estar sometido a prisión preventiva? Sí, es totalmente factible que durante el proceso penal el fiscal tenga la firme convicción que el imputado detenido bajo la figura de prisión preventiva es culpable, pero luego en la sustanciación del juicio oral y público se pueda demostrar la inocencia. Pensar lo contrario sería darle a la prisión preventiva la figura de una pena anticipada.

¿Es razonable que un culpable antes de ser condenado esté en prisión preventiva? El código procesal, como los tratados internacionales de derechos humanos, incluso en el marco del control de convencionalidad ha planteado pautas para entender cuando es razonable, y todos sabemos que en el derecho penal la interpretación es restrictiva, y en su defecto en beneficio de quien es acusado por un delito. Lo que busca justamente la prisión preventiva es evitar la fuga, eludir a la justicia, destruir pruebas, entorpecer la investigación, etc.

Ahora bien esta verdad de Perogrullo para los operadores jurídicos no lo es para la sociedad, quien generalmente entiende a la prisión preventiva desde otros argumentos, ensayemos algunas interpretaciones: 1) si le dieron prisión preventiva es porque sería peligroso que esté suelto, entonces una forma de proteger a la sociedad, es mandarlos presos incluso antes de ser condenados; 2) Al haber pruebas contundentes- obvio desde el prisma del opinador-  antes de ir a juicio y pueda ejercer el derecho de defensa debe estar preso, sino significa que entran por una puerta y salen por la otra; 3) finalmente – y sin agotar todas las interpretaciones- quizás la que tiene un sello en la triste historia argentina es “sí le dieron la preventiva por algo será, algo habrá hecho” con la carga estigmatizante que esto implica.

A esto lo debemos condimentar con la sensación de impunidad sumado a los tiempos procesales en sustanciar los juicios, y que la sociedad perciba “que se está haciendo algo”, por lo que la presión social que parte desde la ansiedad de respuestas se torna casi como un argumento implícito para el dictado de prisiones preventivas al por mayor, más aún en causas que se instalan en la agenda pública, ya sea por hechos notorios o por estar vinculadas figuras públicas.

Quizás el camino sea por un lado el educativo, de enseñar a la sociedad realmente que dice nuestra Constitución y los tratados internacionales en cuanto a la finalidad de la pena, y al mismo tiempo la responsabilidad social de los medios masivos de comunicación, quienes muchas veces presionan a los actores judiciales esperando gestos – prisiones preventivas muchas veces- tan sólo para calmar la ansiedad o llenar las tapas de sus medios con rimbombantes titulares, aunque luego en el devenir del tiempo esas causas terminen dando la inocencia de quienes estaban privados de la libertad.

Es peligroso ordinarizar recursos extraordinarios, tan peligroso como justificar la demora en dar respuestas a costa de privar la libertad de quienes son sometidos a un proceso penal, y como siempre lo sostengo uno debe pensar al derecho ubicándose como un posible sometido al mismo, donde seguramente querremos que todas las garantías cobren vitalidad y no quedarnos en la soledad del intramuro.

(*) Abogado. Derecho Público en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

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