• sábado 21 de septiembre del 2019
logo
add image

Pagarés de Consumo, vía ejecutiva o de conocimiento

La Suprema Corte bonaerense se expidió a favor de la ejecución de pagarés de consumo, siempre que se encuentren integrados de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor

La causa arriba al máximo tribunal provincial luego de que, iniciado el juicio ejecutivo con el objeto de condenar al pago de una deuda instrumentada en un pagaré y un formulario de "términos y condiciones" de un contrato de mutuo, en primera instancia se resolvió adecuar las actuaciones al trámite de proceso sumario (con invocación de la Ley nº 24.240 -LDC-), y en segunda instancia se revocó el fallo, disponiendo la preparación de la vía ejecutiva.

Desde el inicio de la sentencia de la Suprema Corte se sugiere que los contornos del denominado pagaré de consumo carecen de una regulación específica, por lo que su abordaje jurídico exige evaluar la concurrencia de varios textos normativos, armonizando sus reglas y principios. 

Así, por un lado se encuentran las normas del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 518 a 592), que organizan el procedimiento correspondiente al cobro ejecutivo de cantidades líquidas o fácilmente liquidables de dinero, expresadas en instrumentos que traen aparejada ejecución, entre los cuales se encuentra el pagaré. Dichas normas, entre otros puntos limitan el conocimiento judicial al vedar la discusión sobre la causa de la relación jurídica.

Por otro lado, el régimen que consagra los derechos del consumidor (arts. 42 Constitución Nacional y arts. 1, 2, 36, 65 de la LDC), que, según señala el tribunal, se trata de un conjunto de normas pensadas para la protección de quien se considera la parte más débil en una gran cantidad de vínculos jurídicos, y que especialmente en el tema, establece una serie de requisitos a cumplir en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo, que deben consignarse de modo claro, y ante su incumplimiento el consumidor tiene derecho a demandar la nulidad del contrato o de alguna de sus cláusulas (art. 36 LDC).- 

En primer lugar, se expide respecto de la competencia, reiterando los fundamentos del precedente “Cuevas”, donde la Suprema Corte se pronunció en favor de la atribución del juez para declarar de oficio su incompetencia territorial cuando la relación de consumo tenga como sostén el título ejecutado, si la sede judicial es diversa a la correspondiente al domicilio real del consumidor.- 

A continuación, resuelto qué magistrado ha de dirimir la contienda, debe establecerse qué extensión cabe asignarle a su conocimiento en esta clase de reclamos, cuál ha de ser su cauce procesal, definiendo la norma a aplicar. La discusión se plantea entre no otorgar al juez un mayor grado de injerencia que el previsto para cualquier cobro ejecutivo de esa clase de papeles de comercio, sin aplicar la LDC; o,  dar al juez la facultad de evaluar si encuadra en las normas de los consumidores, y en tal caso disponer que el cobro del pagaré tramite por las normas del proceso sumario, ya que la LDC descarta el juicio ejecutivo.-

Luego de dar cuenta de las diferencias interpretativas que existen entre los distintos órganos jurisdiccionales de alzada en la Provincia, y advertir la necesidad de sentar una doctrina legal que brinde seguridad jurídica, sostiene que si hubiera colisión entre una norma de derecho común y otra que protege a los consumidores, primará esta última; no es menos cierto que la aplicación del sistema legal de protección del consumidor no puede llevarse al extremo de desnaturalizar las instituciones del derecho común sobre las que se aplica.

En esa línea, opta por una solución intermedia, destacándose dos cuestiones principales: en primer lugar el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC; y, en segundo lugar, puede sin embargo expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva, si examinado el título y sus instrumentos complementarios, se encuentran integrados de manera que se satisfacen las exigencias legales allí enunciadas.

Resulto ello, podemos concluir que el juez que cuente con un título y contrato que no cumple con los requisitos impuestos por el art. 36 de la LDC (vg. descripción del bien o servicio, precio al contado, importe inicial y financiamiento, tasa de interés, costo financiero total, etc.), debe rechazar la vía ejecutiva; manteniéndose la posibilidad de intentar el cobro por vía de conocimiento.

Finalmente, aplicando la postura reseñada, en el caso planteado se sostiene la solución adoptada en la sentencia cámara, que evaluó si el documento que había dado origen a la ejecución se encuadraba en el marco de esa clase de vínculos jurídicos y, luego, si satisfacía los recaudos que prescribe la LDC y, al obtener un resultado positivo dio curso al proceso ejecutivo.

Accedé al fallo

footer
Top