• lunes 24 de febrero del 2020
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Moratoria Jubilatoria: prórroga, trampa y la cuestión de género

A un mes de la finalización de la moratoria previsional el Director Ejecutivo de la ANSES la prorrogó por 3 años por intermedio de la Resolución 158/2019.

A través de la Resolución Nº 158/2019 el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, prorrogó por tres años la moratoria jubilatoria conocida como la jubilación para amas de casa. Para poder abordar con mayores fundamentos el debate suscitado en torno a esta situación y sus implicancias, es necesario clarificar ciertos conceptos que serán centrales al momento de evaluar los beneficios de la medida.

En primer término, a diferencia de lo que a veces se señala, la moratoria no es un regalo o una eximición de años sin aportes al sistema previsional, sino que es una posibilidad para que, aquellas personas que estando en edad de jubilarse no cuentan con los treinta años de aportes que exige la ley, puedan comprar los años que le faltan. Comienzan a percibir el haber previsional pero se les descuenta una parte para ir cubriendo los años de aportes que adeudan. 

Por otro lado, el derecho a la seguridad social es un mandato constitucional. Está establecido en el artículo 14 bis. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos que goza de jerarquía constitucional, expresa que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Es evidente que si el Estado marginara a un grupo vulnerable como son los adultos mayores que no reúnen los años suficientes de aportes se estaría violando un mandato constitucional además de la insensibilidad social que implicaría un desdén de semejante naturaleza.

El otro aspecto insoslayable está dado por las causas que llevan a numerosas personas a no reunir los años de aportes. La falta de los mismos generalmente está vinculada a la informalidad laboral o a la falta de empleo producto de etapas de crisis económicas, circunstancias que no pueden serle imputadas a los trabajadores (o quienes buscan trabajo) ya que ellos son víctimas de esos hechos.

Negarles el derecho a la seguridad social a quienes no reúnan los aportes implicaría revictimizarlos. Cabe advertir que este criterio es compartido por la Corte Suprema de Justicia. En el caso “Pinto, Ángela Amanda c/ Ansés s/ pensiones” del 2010, sostuvo que “el hecho de encontrarse desempleado en un período socio económico del país caracterizado por esa circunstancia, no puede redundar en su contra”. El fallo versaba sobre una mujer que había enviudado y reclamaba la pensión por viudez regular, pero quien fuera su marido no había realizado los aportes necesarios que la ley exigía para otorgar esa prestación. El máximo Tribunal decidió concederla de todos modos. 

Sumado a lo manifestado en el párrafo precedente, es indispensable poner de relieve el carácter patriarcal de la sociedad, que liga a las mujeres a las tareas domésticas no remuneradas o bien las confina a las ocupaciones de menor productividad donde hay una mayor informalidad (lo que se conoce como segregación horizontal).

Es vital tener presente esto dado que quienes mayor dificultad tienen para cumplir los requisitos para acceder a los derechos previsionales son las mujeres, y por tanto las moratorias tienen a ellas como principales beneficiarias. Tal es así que en la primera moratoria impulsada por el gobierno anterior, de las 2,7 millones de personas que se acogieron, un 73% fueron mujeres. 

Lo dicho hasta aquí permite comprender la importancia y la necesidad de que se mantengan las moratorias jubilatorias porque los motivos que motorizaron su implementación persisten y llevará mucho tiempo revertirlos. La ley que provocó arduos debates las últimas semanas es la 26.970 del 2014 que estableció nueva moratoria destinada, sobre todo, a aquellas mujeres que se dedicaron a labores no remunerados en los hogares. Con la denominada ley de Reparación Histórica, se prorrogó esa moratoria hasta el 23 de julio de 2019. 

Hubo un fuerte reclamo en amplios sectores de la sociedad para que el Gobierno Nacional extendiera esa prórroga, hecho que se materializó con la resolución mencionada al inicio. Sin embargo, esta disposición acarrea dos problemas. Por un lado, no corrige un defecto original de la ley del 2014 que supedita la otorgación del derecho a una evaluación socioeconómica. Aunque se establezcan criterios objetivos para la realización de dicho informe, nada justifica la existencia de condicionantes para el goce de este derecho.

Más grave aún es lo que se conoce como fecha de corte. La ley Nº 26.970 ponía como límite diciembre de 2003. Esto significa que los años de aporte que uno podía comprar tenían ese límite temporal. La resolución que prorroga la moratoria no modifica esa fecha. El problema radica en que una mujer que cumpla sesenta años ahora (la edad que exige la ley para jubilarse), nació en 1959 y recién pudo haber comenzado a trabajar a los 18 años: en 1977.

Si el corte se mantiene en 2003, como máximo “puede comprar” veintiséis años de aportes. Le faltan cuatro años de aportes formales que por las razones explicadas anteriormente difícilmente puedan acreditar, y que al vencimiento de esta nueva prórroga serán siete años, en un contexto de destrucción de empleo y crecimiento de la informalidad. La decisión de no modificar la fecha de corte es un obstáculo insalvable para el espíritu que persigue la moratoria y la torna prácticamente en obsoleta. 

Además de la vulnerabilidad que implica ser un adulto mayor sin derecho a una jubilación, es momento de que el Estado incorpore la perspectiva de género como vara de control de todas las políticas públicas. Esto significa, según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, “evaluar las implicaciones que para mujeres y hombres tienen las iniciativas planificadas, ya sea en forma de legislación, políticas o programas, en cualquier ámbito y en todos los planos.

Es una estrategia que permite integrar las preocupaciones y las experiencias tanto de mujeres como de hombres en la concepción, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas en las esferas política, económica y social, de suerte que las mujeres y los hombres se beneficien por igual de los progresos y no se perpetúe la desigualdad. El fin último que se persigue con esta integración es lograr la igualdad de género”.

Bajo este paradigma, la modificación de la fecha de corte de la moratoria jubilatoria es crucial no sólo para cumplir el imperativo del derecho a la seguridad social, sino para demostrar que la cuestión de género es política de estado y se toman medidas tendientes a neutralizar los efectos disvaliosos del orden social que determina el patriarcado.

 

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