• lunes 24 de febrero del 2020
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Deniegan recurso para llevar a la Corte el fallo que habilitó a una asociación y un diputado a litigar contra el decreto que habilitó a familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capitales

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo del Poder Ejecutivo.

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Gallegos Fedriani y Treacy, denegó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo contra la decisión que admitió la legitimación procesal de una asociación civil y un legislador nacional para litigar contra el Decreto 1206/2016 que habilitó a parientes de funcionarios públicos para que puedan blanquear activos, aspecto que se encontraba expresamente vedado por la ley 27.260 que creó el régimen de sinceramiento fiscal. 

Se trata de la causa en la que la Asociación Civil AJUS La Plata y el diputado nacional Rodolfo Tailhade pidieron la nulidad e inconstitucionalidad contra el decreto de Macri que avaló el blanqueo a los familiares de los funcionarios públicos. Aquel pedido se fundó en que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso en la reglamentación dado que por decreto habilitó aspectos que tanto la ley como su espíritu dejaban fuera y que dicha admisión contraviene la normativa del GAFI.

La jueza de primera instancia Rita Ailán había negado la legitmación del legislador y la asociación para cuestionar la referida norma pero aquellos apelaron la decisión.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el año pasado y con voto de los jueces Gallegos Fedriani y Treacy, consideraron que a Rodolfo Tailhade y dado su carácter de diputado, le era aplicable el mismo criterio que sostuvieron al reconocerle legitimación a su colega en la cámara baja, Felipe Solá, para cuestionar el referido decreto. En aquella ocasión, cabe descatar, los jueces señalaron que los legisladores están legitimados para defender sus atribuciones cuando el Poder Ejecutivo, por un presunto exceso reglamentario, desnaturaliza la letra de ley aprobada en el recinto. 

En cuanto a la asociación AJUS, aplicaron un criterio novedoso en materia de legitimación, los jueces adviertieron "que la transparencia en la gestión estatal integra el conjunto de bienes de incidencia colectiva merecedores de tutela judicial".  Señalan que ello constituye "un elemento central del gobierno democrático" y que, similarmente a lo que ocurre con el acceso a la información pública, "su carácter instrumental para la defensa de otros intereses no le otorga una relevancia de menor jerarquía, sino que por el contrario, la presenta como una herramienta fundamental para el ejercicio de todos los derechos fundamentales".

De tal modo, concluyeron, "la asociación civil coactora posee -también- interés suficiente para impugnar un acto que considera contrario a las obligaciones estatales en materia de transparencia en la gestión de los fondos públicos y prevención contra la corrupción". 

El juez Alemany, en disidencia y en aquel fallo, entendió que darles legitimación a la asociación y el legislador, sin agravio diferencial a su entender, era admitir la "acción popular" en nuestro derecho por fuera de los excepcionales casos que la legislación así la establece. 

Los jueces, con esta base, admitieron la legitimación de AJUS La Plata y el diputado Tailhade pero decidieron acumular la causa con la que inició Felipe Solá y también resolvieron citar a la Administración Federal de Ingresos Públicos al pleito. 

Ahora bien, en esta ocasión, los camaristas rechazaron el recurso extraordinario del Estado para llevar el caso a la Corte Suprema donde, aún pende, la decisión sobre el expediente que inición Felipe Solá y cuyo planteo es análogo al de la causa AJUS:

No obstante, los abogados del Poder Ejecutivo podrán presentar queja ante la Corte Suprema para que, si la admite, el máximo tribunal también resuelva sobre la legitimación para litigar el blanqueo del diputado Tailhade y de la asociación civil AJUS. 

Fallo que deniega el recurso

Fallo AJUS

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