• domingo 18 de agosto del 2019
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Colegiación y el Derecho a una Alimentación Adecuada

Un análisis de la función de los Colegios de Abogados de mejorar y atender el bienestar del matriculado y su familia, establecida en la Ley 5177

 

1.            Introducción.

Desde su génesis, los Colegios de Abogados (algunos con más de un siglo de vida, como el de Mercedes) se propusieron llevar a cabo distintas acciones en virtud de los distintos momentos histórico-políticos que atravesó nuestro país. Algunas funciones y acciones de los entes departamentales – establecidas en la Ley 5177 – se destacaron por sobre otras, como por ejemplo el gobierno y control de la matrícula, la defensa del Estado de derecho, la organización del Sistema Previsional (junto con la Caja de Previsión Social), entre otros.

Con esta breve ponencia propongo analizar una función que hasta nuestros días no ha sido muy profundizada, pero que deviene insoslayable en virtud de las características propias de nuestros tiempos, que es la establecida en uno de los últimos incisos del Art. 19 de la Ley 5177 (Funciones de los Colegios de Abogados), específicamente en el Inc. 23, la función sobre el “mejoramiento y atención del bienestar del matriculado y su familia, en relación a sus necesidades y recreación física y espiritual…”[ii].

2. Derecho y alimentación.

a) Breves consideraciones.

Tal como lo afirma la distinguida antropóloga Patricia Aguirre el evento alimentario (la alimentación) es un hecho complejo. Esto último se da por la gran injerencia que tiene el contexto social, económico, político, individual y cultural en la alimentación que llevamos.

En los últimos años se ha acentuado la vorágine que atravesamos en la vida diaria, y en especial, en el ejercicio de la profesión. Soledad Barruti, en su famosa obra “Malcomidos” indica que “los alimentos y la alimentación son el tema en el que confluyen los conflictos más relevantes de esta época: la corrupción, el delito, la experimentación científica, la especulación financiera, la debilidad del Estado ante las corporaciones, el cambio climático, el desequilibrio ecológico y las convulsiones sociales”[iii].

Siguiendo la línea de pensamiento denunciada anteriormente, desarrollaré sucintamente el concepto del derecho a una alimentación adecuada, un instituto del que muy poco se ha hablado en los rincones de la colegiación, pero que entiendo, deviene imprescindible concientizar sobre el mismo.

b) Concepto.

El derecho a una alimentación adecuada es un instituto propio que emerge luego de la sanción del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[iv], conocidos en el ámbito jurídico, como “derechos de segunda generación”.

A nivel internacional, el derecho objeto de estudio de esa ponencia, fue desarrollado en la Observación General (OG) N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – casi treinta y tres años después, en 1999 -, que dispone, entre otras cosas, algunas consideraciones y aspectos ineludibles que deben tener en cuenta los Estados signatarios del PIDESC respecto del derecho bajo análisis.

En este sentido, la OG N° 12, es también producto del pedido cursado luego de la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se celebró en Roma, en 1996, ocasión en la cual se plasmó el concepto de soberanía alimentaria que no debe confundirse con el de seguridad alimentaria, y más adelante desarrollaré.

En uno de los primeros puntos se afirma que el derecho a una alimentación adecuada es inescindible de la persona humana, indispensable para el disfrute del resto de los DDHH reconocidos e inseparable de la justicia social, esto último, debido a que exige la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, nacionales e internacionales, orientadas a erradicar la pobreza y asegurar para todos el disfrute del resto de los DDHH (Punto 4).

Más adelante (Punto 8) fija los lineamientos básicos del contenido del derecho a una alimentación adecuada y comprende:

a) disponibilidad, posibilidad de los individuos de procurarse la alimentación por sus propios medios (trabajando la tierra), o que existan en cantidad y calidad suficientes para satisfacer necesidades, sin sustancias nocivas.

b) accesibilidad, requiere la existencia de alimentos sostenibles y que no dificulten el ejercicio de otros DDHH, y este elemento abarca:

 I) accesibilidad económica, los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de alimentos esenciales no deben amenazar la satisfacción de otras necesidades básicas;

 II) accesibilidad física, esto conlleva la posibilidad de que los grupos más vulnerables puedan también acceder a una alimentación adecuada;

c) sostenibilidad, la disponibilidad de alimentos debe ser permanente pero ello no tiene que afectar a las generaciones futuras;

d) adecuación, este elemento requiere que la alimentación satisfaga los requisitos de una dieta acorde y aceptable para una cultura determinada;

Como corolario de esta parte conceptual, propongo que nos detengamos en el análisis de los de soberanía y seguridad alimentaria. Estos dos institutos internacionalmente reconocidos, que parecen similares, pero atienden a razones distintas.

El primero de ellos, el de soberanía alimentaria, fue definido en el año 1996 en la ya referida Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma), y comprende el “derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros…incluye: a) Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso…a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. …y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible…b) El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce…c)El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas…d)  La participación de los pueblos en la definición de política agraria”[v].

Por otro lado, la seguridad alimentaria existe cuando “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana[vi].

3. La necesidad de concientizar a la matrícula sobre este derecho.

Habiendo desarrollado ya los conceptos que conforman los pilares en los cuales se asienta esta novedosa rama del derecho, pasemos a analizar los motivos por los cuales entiendo que las agendas de los Colegios de Abogados deben ahondar un poco más en este tema.

En primer lugar, y como mencioné en la introducción, la ley 5177 pone en cabeza de los Colegios distintas funciones, siendo una de ellas las de promover el bienestar del matriculado y de su familia en lo que respecta a la recreación física y espiritual.

Con el paso del tiempo en las agendas institucionales de vanguardia fueron ganando espacio temas relacionados con el propuesto en esta ponencia como el tabaquismo, celiaquía, Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP), adicciones, entre otras – las que también se pueden profundizar en el ente que nos nuclea -.

En base a lo expuesto previamente, creo fervientemente que los Colegios de Abogados deban concientizar en lo que respecta al derecho a una alimentación adecuada, para empoderar a los matriculados en su rol como consumidores, pero también, para capacitarlos (académicamente) en esta novísima rama del derecho que deviene imprescindible para un futuro no tan lejano.

La situación alimentaria nacional se encuentra en estado crítico dado que la legislación de la materia ofrece escasas herramientas a los consumidores para poder elegir cómo y de qué alimentarse – cuestión de los rótulos -.

Sin ánimos de entrar en el análisis del modelo agroindustrial que predomina en nuestro país - que requiere un estudio pormenorizado y excede el marco de esta ponencia – debo advertir que es necesario considerar el impacto en la salud y en el ambiente que produce. Por ello, entiendo que, como operadores del derecho, no podemos soslayar este debate.

4. Conclusión.

Entiendo que el tema analizado en el marco de esta ponencia puede parecer que excede las funciones que tradicionalmente han cumplido los Colegios de Abogados. Sin embargo, y como dije, hay cuestiones como la de los alimentos, que estimo deben profundizarse en la matrícula para poder concientizar y nutrir de herramientas para mejorar la calidad de vida tal como lo enuncia la ley que reglamenta el ejercicio de la abogacía bonaerense, la Ley 5177. --

 



* Ponencia presentada en la Comisión Colegiación Profesional de las XXIX Jornadas Académicas de Jóvenes Abogados de la Provincia de Buenos Aires, realizada los días 26 y 27 de octubre de 2018 en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en representación de la Comisión de Jóvenes Abogados de Mercedes

** Leandro VERO, Abogado y Escribano Público, UNLP. Cursando la Especialización en Derecho Agrario, UNL. Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Mercedes. Prosecretario de la Comisión de Jóvenes de COLPROBA. Correo electrónico: l.vero93@gmail.com

[ii] Art. 19 Inc. 23, Ley 5177: “CAP. II. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COLEGIOS. ARTICULO 19°: Los Colegios de Abogados Departamentales, tendrán las siguientes funciones: …23- Propender, en general, al mejoramiento y atención del bienestar del matriculado y su familia, en relación a sus necesidades y recreación física y espiritual, dentro del marco de confraternidad que emana de esta Ley”.-

[iii] BARRUTI, Soledad: “Malcomidos”. Ed. Planeta. 2013. Contratapa.

[iv] “Art. 11: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.

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