• sábado 22 de febrero del 2020
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Declaran la inconstitucionalidad de una resolución de ANSES que perjudicaba a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez

Se trata de la Resolución N°268/2018 que les imponía a los titulares un procedimiento administrativo que debían cumplir en un plazo de 10 días bajo apercibimiento de perder el beneficio.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la inconstitucionalidad de la Resolución de ANSES  N°268/2018 que imponía un procedimiento administrativo para  los titulares de pensiones no contributivas por invalidez, quienes debían acreditar que no cumplían con las incompatibilidades previstas en el Decreto 432/9 que prevé causales de suspensión y caducidad de este beneficio.  

La resolución establecía que las personas sujetas a esta trámite debían comunicarse telefónicamente al número 130 para combinar un turno en la dependencia de ANSeS más cercana a su domicilio, actualizar sus datos personales y presentar su descargo con respecto a las incompatibilidad desdetectadas, bajo pena de caducidad del beneficio.

También se resolvió la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 1° incisos “f”, “g” y artículo 5°, inciso “a”, primer párrafo, del Decreto N° 432/97del Decreto 432/97 por considerar que van en contra de los postulados establecidos en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad que cuenta con jerarquía constitucional.

El fallo se dictó a raíz de un recurso de amparo presentado por la Red de Derechos por las Personas con Discapacidad(REDI) y otras organizaciones contra el Ministerio de Desarrollo Social ante la interrupción intempestiva de las pensiones por discapacidad y sin previo aviso que sufrieron los beneficiarios. Si bien en ese momento desde el organismo que conduce la ministra Carolina Stanley aseguraron de que se trataba de un error, apelaron la sentencia que les ordenaba restituir el beneficio.

Entre sus argumentos, los jueces de la Sala II sostuvieron que : "El estado de emergencia económica que pareciera ser endémico en nuestro país, no representa un argumento serio ni de peso para retacear o, lo que sería peor todavía, desbaratar la protección de los derechos sociales de prosapia convencional y constitucional a la que el Estado argentino se comprometió ante la comunidad internacional".

Accedé a la sentencia.

 

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