• viernes 18 de septiembre del 2020
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La Justicia habilitó a una asociación y un diputado a litigar contra el decreto que habilitó a familiares de funcionarios públicos a ingresar al blanqueo

Se trata una acción de la Asociación Civil AJUS La Plata y el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Gallegos Fedriani y Treacy, admitió la legitimación procesal de una asociación civil y un legislador nacional para litigar contra el Decreto 1206/2016 que habilitó a parientes de funcionarios públicos para que puedan blanquear activos, aspecto que se encontraba expresamente vedado por la ley 27.260 que creó el régimen de sinceramiento fiscal. 

Se trata de la causa en la que la Asociación Civil AJUS La Plata y el diputado nacional Rodolfo Tailhade pidieron la nulidad e inconstitucionalidad contra el decreto de Macri que avaló el blanqueo a los familiares de los funcionarios públicos. Aquel pedido se fundó en que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso en la reglamentación dado que por decreto habilitó aspectos que tanto la ley como su espíritu dejaban fuera y que dicha admisión contraviene la normativa del GAFI.

La jueza de primera instancia Rita Ailán había negado la legitmación del legislador y la asociación para cuestionar la referida norma pero aquellos apelaron la decisión.

Los camaristas Gallegos Fedriani y Treacy, ahora, admitieron el recurso.

Se basaron, respecto a Rodolfo Tailhade y dado su carácter de diputado, le era aplicable el mismo criterio que sostuvieron al reconocerle legitimación a su colega en la cámara baja, Felipe Solá, para cuestionar el referido decreto. En aquella ocasión, cabe descatar, los jueces señalaron que los legisladores están legitimados para defender sus atribuciones cuando el Poder Ejecutivo, por un presunto exceso reglamentario, desnaturaliza la letra de ley aprobada en el recinto. 

En cuanto a la asociación AJUS, aparece una interesante novedad en materia de legitimación, los jueces advierten "que la transparencia en la gestión estatal integra el conjunto de bienes de incidencia colectiva merecedores de tutela judicial".  Señalan que ello constituye "un elemento central del gobierno democrático" y que, similarmente a lo que ocurre con el acceso a la información pública, "su carácter instrumental para la defensa de otros intereses no le otorga una relevancia de menor jerarquía, sino que por el contrario, la presenta como una herramienta fundamental para el ejercicio de todos los derechos fundamentales".

De tal modo, concluyeron, "la asociación civil coactora posee -también- interés suficiente para impugnar un acto que considera contrario a las obligaciones estatales en materia de transparencia en la gestión de los fondos públicos y prevención contra la corrupción". 

El juez Alemany, en disidencia, entendió que darles legitimación a la asociación y el legislador, sin agravio diferencial a su entender, era admitir la "acción popular" en nuestro derecho por fuera de los excepcionales casos que la legislación así la establece. 

Los jueces, con esta base, admitieron la legitimación de AJUS La Plata y el diputado Tailhade pero decidieron acumular la causa con la que inició Felipe Solá y también resolvieron citar a la Administración Federal de Ingresos Públicos al pleito. En esos términos, decidieron que sea el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por la jueza Cecilia Madariaga de Negre, la que decida en simultáneo en las dos causas. 

Accedé al fallo AJUS

Accedé al precedente Solá

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