• martes 04 de agosto del 2020
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Provincia de Buenos Aires: la Justicia ordenó suministrar test rápidos de covid-19 a un geriátrico

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo admitió una medida cautelar y estableció un plazo de 5 días para que el Ministerio de Salud bonaerense arbitre las medidas necesarias para asegurar su provisión.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires revocó una sentencia de primera instancia, admitió una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Salud bonaerense que en un plazo de 5 días arbitre las medidas necesarias para asegurar el suministro al Establecimiento Geriátrico “Hogar de Sostén y Mantenimiento Finosa” de Test rápidos preventivos de serología Covid-19 para las personas que allí residen y para el personal que se desempeña en ese establecimiento. 

El caso surgió a raíz de una acción de amparo presentada por el hijo de una mujer alojada en ese lugar que solicitó una medida cautelar con el objetivo de que se ordene, con carácter provisorio, que el Ministerio de Salud suministre al Hogar de Ancianos “Finosa”, “los test rápidos de serología Covid-19 y exámenes por PCR (hisopado) que resulten necesarios según el resultado del primero para ser aplicados a todo el personal e internados en el citado establecimiento para prevenir la introducción del coronavirus dentro de ese hogar”. Asimismo, pidió que esto se realizara con la frecuencia necesaria y durante el lapso de tiempo en que dure la pandemia. 

El juez de primera instancia desestimó esa petición y consideró que de acuerdo a la información que constaba en la causa, no se advertía un actuar u omisión contrario a derecho por parte de la demandada debido a que, tal como había sido manifestado, "hasta el momento no se ha registrado ningún afectado entre el personal e internados".

En su fundamentación agregó que de acuerdo a lo que dictaminaron los expertos solo deben hisoparse los pacientes sintomáticos, no debe realizarse monitoreo periódico de asintomáticos y debe cumplirse con el protocolo para la prevención y control de Covid 19 en adultos mayores, 60 años o más dictado por el Ministerio de Salud bonaerense.

La parte que promovió la acción presentó un recurso de apelación ante esa decisión. Allí argumentó que en el caso se encuentra comprometido el derecho a  la vida debido a que se trata de personas que por su situación de alta vulnerabilidad frente a la pandemia Coronavirus Covid 19,  se hallan en riesgo inminente y cierto de perder la vida como consecuencia del accionar omisivo del Ministerio de Salud. 

Frente a la cuestión, el juez Gustavo Spacarotel destacó el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional -y art. 36 incs. 5 y 6 de nuestra Constitución provincial-, y “el consecuente deber de promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad como son los ancianos y su salud”, más aún ante la presencia de alguna discapacidad como se informó en la causa. 

“Tales circunstancias tornan necesaria la adopción de medidas no sólo paliativas sino principalmente y en especial de tinte preventivas, con carácter urgente, en salvaguarda de la integridad de la población de mayor riesgo ante el virus y del equipo de salud que la asiste”, completó. 

La jueza Claudia Angélica Matilde Milanta compartió la solución propuesta. En cambio, el juez Gustavo Juan De Santis propuso rechazar el recurso de apelación y confirmar la decisión de la primera instancia.  

Accedé al fallo. 

 

 

 

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