• martes 04 de agosto del 2020
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Amparo de ruralistas de Córdoba: la Justicia le ordenó a San Luis que abra los caminos

El Juzgado Federal de Río Cuarto hizo lugar a la medida cautelar innovativa peticionada y ordenó al gobernador Alberto Rodríguez Saá que arbitre medidas para la apertura de la Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial N° 30 y los respectivos caminos vecinales.

El Juzgado Federal de Río Cuarto resolvió dar curso a la acción de amparo presentada por la Sociedad Rural de Río Cuarto y un grupo de asociaciones contra la provincia de San Luis. Asimismo, hizo lugar a la medida cautelar innovativa peticionada ordenando al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de determinados caminos. 

En la presentación los amparistas pidieron que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N°1894/2020 dictado por el mencionado Gobernador y los protocolos de ingreso y egreso de la provincia que dispusieron el cierre de rutas y que restringieron la circulación entre las localidades, el ejercicio de la industria y la comercialización. En consecuencia, pidieron una medida cautelar innovativa para que se remuevan de inmediato esos impedimentos. 

El juez federal Carlos Ochoa resolvió hacer lugar a esa petición y le ordenó al Gobernador que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional Nro. 8, Ruta Provincial Nro. 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la Provincia de Córdoba y San Luis, “siempre y cuando las personas que pretendan transponer   dicho límite provincial, posean el Certificado Único Habilitante para circulación-COVID 19 de conformidad a lo dispuesto en el art. 5 y 25 del Decreto Nº 576/20”. 

En ese mismo sentido, agregó que “ante la ausencia de caso sospechoso o confirmado, deberá   abstenerse la autoridad local de restringir el ingreso, permanencia y egreso de los ciudadanos de los departamentos en los que el suscripto poseejurisdicción y que provengan de las denominadas zonas “blancas” que acrediten condición para circular en el marco de la  norma nacional vigente y en tanto demuestren puntos de conexión con la vecina localidad referidos a propiedades, razones laborales, relaciones familiares, y/o actividades exceptuadas que requieran de su circulación hacia la vecina Provincia de San Luis”. 

En la resolución, el magistrado recordó la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos titulada “COVID-19   y  Derechos   Humanos:  los   problemas   y   desafíos   deben   ser   con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales” y destacó el párrafo que consigna que: “Todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”. 

Luego de analizar los argumentos planteados por los amparistas, agregó: “Se advierte en este sentido   la suspensión de derechos y garantías de raigambre constitucional que excederían el marco de la emergencia sanitaria vigente y cuya tutela no admite demoras puesto que la libre circulación en rutas argentinas está garantizada por la Constitución Nacional, dado que su sentido es generar la unión y  que las provincias no funcionen como países en sí mismos”. 

Por último, concluyó que “las medidas adoptadas por la Provincia, en especial la de cierre fronterizo dispuesta se presentaría en apariencia como extrema frente a otras posibilidades tales como el control preventivo para evitar el ingreso de contagiados o casos sospechosos”. Aún resta resolver el pedido de inconstitucionalidad de las mencionadas medidas. 

Accedé a la resolución 

 

 

 

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