• domingo 05 de abril del 2020
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Puñalada a las “off-shore”

Con fuertes críticas a la gestión anterior, la Inspección General de Justicia dictó disposiciones más exigentes para el funcionamiento de empresas extranjeras en el país.

La Inspección General de Justicia, a cargo del Dr. Ricardo Nissen, publicó en el Boletín Oficial una norma que impone más controles a las sociedades extranjeras que quieran operar en Argentina. De esta forma, se da marcha atrás con la desregulación de dichas figuras que se había dado durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Resolución General 2/2020 deroga los cambios realizados en los últimos años y establece mayores requisitos para las sociedades constituidas en el extranjero que quieran realizar actividades en la Argentina. Todos estos cambios apuntan a dificultar el funcionamiento de las denominadas empresas “off-shore”, aquellas constituidas en el extranjero pero con la intención de ser utilizadas exclusivamente en la Argentina.

Ricardo Nissen es un histórico crítico del funcionamiento de estas sociedades, y la propia resolución recoge alguna de sus críticas más habituales: “las sociedades off shore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito de del evidencia y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes”.

La propia norma hace referencia a dos casos recientes que siguen presentes en la agenda mediática: “hechos recientes como las triangulaciones negociales que se habrían producido con sociedades off shore en la operatoria del “Grupo Vicentín” según los acontecimientos parecerían ir indicándolo, o la revelación de que el tristemente notorio boliche “Le Brique” resulta ser también de una sociedad off shore cuyos integrantes son desconocidos, no se deben banalizar sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales.”

Se refiere, en primer lugar, a la situación financiera del grupo Vicentín, beneficiario de una línea de créditos otorgada por el Banco Nación que ha recibido muchas críticas y se encuentra bajo investigación,  y donde más allá de la comisión de posibles hechos de corrupción se teme no poder conseguir el repago de los créditos y que esto afecte la solvencia del banco público. Y, en segundo lugar, a la estructura societaria bajo la cual se administra el local bailable de Villa Gesell al que fueron Fernando Baéz Sosa y sus asesinos previo al brutal ataque en el que el joven fue asesinado por una patota de rugbiers.

Los fundamentos de la resolución incluyen copiosas críticas a las normas dictadas en la gestión anterior, a las que se califica de “inconsistentes juridicamente”, “agresiones a la soberanía legislativa”, “axiológicamente inaceptables” e “insostenibles conceptualmente”. 

En la práctica, las modificaciones implicaran los siguientes cambios:

●       Las sociedades extranjeras deberán probar -con documento firmado por funcionario de su país de origen- que la sociedad no tiene vedado en su lugar de constitución el desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales de ellas.

●       Además, deberán acreditar que su actividad empresarial y que el centro de dirección de la misma se encuentra fuera de la Argentina.

●       Por otro lado, deberán individualizar a los socios al tiempo de la decisión de solicitar la inscripción, indicando respecto de cada socio su nombre y apellido o denominación, domicilio, número de documento de identidad, y porcentaje de participación. 

Para probar que la empresa realiza “actividad económicamente significativa en el exterior”, la nueva norma de IGJ establece los siguientes requisitos:

●       Informar si posee agencias, sucursales o representaciones vigentes en jurisdicciones extranjeras

●       Informar suficientemente activos en el exterior, indicando su valor según el último balance aprobado por la sociedad

●       Si realiza inversiones en bolsa o mercado de valores, debe presentar un certificado firmado por profesional en ciencias económicas sobre las operaciones realizadas durante el último año

●       Informar las participaciones en otras sociedades

●       Presentar el último estado contable aprobado por la sociedad

La nueva norma también busca dificultar el anonimato cuando la sociedad extranjera está capitalizada con acciones al portador (es decir, que es dueño quien tiene fisicamente las acciones, sin necesidad de asentarlo en ningún lado) o cuando cuenta entre sus socios a un fideicomiso o “trust”, ordenando que se identifique a los últimos socios o fiduciantes originales, respectivamente.

La norma también establece una prohibición general de la registración de “off-shores” que provengan de las denominadas “guaridas fiscales”, aquellas jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como “no colaboradoras” en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las empresas que se vean afectadas porestas prohibiciones pueden, no obstante, elegir adecuarse completamente a la normativa argentina para poder realizar sus actividades, lo que permite mayores controles por parte de la IGJ y -alega la norma- mayor seguridad para el estado y para los posibles acreedores de dicha sociedad frente a maniobras fraudulentas. 

 

Accedé a la Resolución.

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