• viernes 21 de febrero del 2020
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Algunos apuntes para una reforma judicial en Argentina

La selección de jueces, acceso a la justicia y nuevo proceso penal federal.

Por Juan Martín Nogueira (*)

I

La reforma de la Justicia es un tema que se recrea permanentemente en nuestro país. La modernización de los códigos procesales a través de la oralidad y la des-formalización del proceso, la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mejor infraestructura, más tribunales, más jueces y juezas,  la idea sustancial con el enfoque de los grupos vulnerables para facilitar el acceso a la justicia de las personas con más dificultades; en suma, son todos aspectos que han ido progresando en la idea de implementar una Justicia más justa[1].

Pero lo cierto es que ello no ha mejorado la percepción que tiene la sociedad sobre el funcionamiento del Poder Judicial, y sobre la figura del juez en particular. Los niveles de desconfianza son altísimos, muy por encima de la consideración que se tiene de otros poderes del Estado, incluso de otras organizaciones no gubernamentales[2].

Esencialmente, ese nivel de descontento está proyectado en principios como la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas, que son en definitiva los valores que hacen a la esencia del Poder Judicial. Gran parte de la población percibe a los jueces y juezas con una tendencia a fallar en orden a presiones políticas e intereses económicos, en detrimento de los intereses de los grupos más desaventajados o de la gente común que no tiene ese poder para incidir en las decisiones. 

Si bien la percepción no es necesariamente la realidad[3], este dato no puede ser pasado por alto, poniendo en un punto crítico al sistema y su legitimidad, sobre todo cuando las expectativas que se generan sobre su funcionamiento son muy altas.

De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación puso el acento en este altísimo grado de desconfianza social para justificar un evento que denominó «Lineamientos para una Política de Estado para la Transformación de los Poderes Judiciales», acto al que fueron convocados los operadores judiciales de todos los niveles –federales, nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires-, para se organicen en comisiones a los fines de debatir distintas propuestas ordenadas temáticamente para conformar una «opinión del Poder judicial»[4].

«Mejores jueces harán una mejor Justicia»; «la Justicia vale lo que valen los jueces». Estas frases tan añejas siguen resultando la clave para cualquier sistema, generando una realidad circular que se constituirá en la base de todo mecanismo que se quiera impulsar para mejorar a la Justicia.

Es allí donde el sistema de designación de jueces y juezas aparece como el pilar más importante para el verdadero cambio de la Justicia. Es que el elemento humano es lo que termina por definir en lo concreto los alcances de las bondades que pueda tener cualquier sistema.

Esto es elemental. Un juez o jueza que debe el cargo a favores políticos o a intereses que poco tienen que ver con la función, se presenta en principio como débil, permeable a las presiones, al menos en una percepción inicial que mira los modos en que se accede al cargo[5]. Se agravará el cuadro si, además, se trata de personas inexpertas o con valores democráticos y éticos dudosos[6]. 

En este sentido, en los últimos tiempos y desde distintos ámbitos, se ha puesto el foco en el procedimiento de selección de los jueces, concentrándose muchas críticas respecto de la etapa de entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura de la Nación[7] y en la utilización de listas complementarias en el Poder Ejecutivo[8], aspectos que han determinado que en los hechos se promueva la designación de personas que han quedado muy por debajo de aquellos ubicados en los primeros lugares del orden de mérito establecido en el examen y los antecedentes.

Estos vicios han consolidado en la práctica situaciones de evidente arbitrariedad o abuso, sobre todo en el último período, y que, atento a la reiteración, evidencian un patrón sistemático disfuncional a los objetivos constitucionales.

Para ser gráficos, en concursos de tribunales colegiados con vacantes múltiples, una persona que quedó en el puesto 30, 35 o 40 en el orden de mérito original puede ser designado y no así los que quedaron 1, 2 o 3. Asimismo, en tribunales unipersonales el que quedó 14 puede terminar ternado y terminar designado en desmedro del 1 o 2 que tenían treinta o cuarenta puntos más en el orden de mérito.

Esto demuestra cómo en muchos casos se termina postergando a los mejores posicionados[9].  

Asimismo, e íntimamente relacionado con el problema anterior, el descontento social con el Poder Judicial está relacionado con la denominada  «politización de la Justicia». Ello en el entendimiento ligado a la funcionalidad de ciertos jueces y juezas  con las coyunturas políticas y/o económicas, en el manejo de los tiempos judiciales en función del poder de turno, y el armado de causas y criterios que tienen más bien un tinte persecutorio antes que jurídico, degenerando las bases mismas de la función del Poder Judicial como poder del Estado[10].

De esta manera la Justicia deja de percibirse como un poder independiente preparado para defender con equilibrio y razonabilidad los casos sometidos a su entendimiento, alejándose, progresivamente, de la expectativa de la sociedad que la termina sintiendo como un poder oculto y alejado de las verdaderas necesidades de las personas, en especial de los que más sufren. Y esto explica en gran medida los altos indicies de desconfianza e ilegitimidad que tiene como poder del Estado[11]. 

II

Estos aspectos deberían marcar el debate para las reformas y criterios tendientes a mejorar el funcionamiento de la Justicia.

En primer lugar se imponen «modificaciones profundas» a los fines de adecuar el procedimiento y los criterios de selección de jueces y juezas con la legalidad constitucional que pensó una etapa que garantizara la solvencia técnica y ética de los y las postulantes, descargada de una incidencia prevalente de la política o de cualquier otro interés ajeno.

Para no caer en pensamientos ingenuos, se debe tener presente que no existe un sistema que impida absolutamente la intervención del poder. De alguna u otra forma ello acontece, formal o informalmente; es inevitable en el funcionamiento del Estado de Derecho actual y nuestra realidad.

En este sentido no se podrá eliminar la presencia del poder en el método de selección. En todo caso, la aspiración u objetivo será que, esa presencia inevitable y consustancial con el sistema, no se traduzca en arbitrariedad. En tal orden, se podrá aspirar a reglamentar un sistema que acote todo lo que se pueda ese poder, con el objetivo de impedir la designación de personas que no ostenten otro atributo que la “confianza” de los poderosos[12].

Por ello sería conveniente el dictado de una legislación que mantenga el espíritu y sentido para el que fue creado el Consejo de la Magistratura de la Nación, que disponga sobre ciertas pautas mínimas y estándares que deben respetarse, acotando así el margen de maniobra del poder reglamentario del Consejo, como ciertas prácticas discrecionales del Poder Ejecutivo que tensionan en los hechos la legalidad.

[A] Como primera medida debería regularse el mecanismo para computar los antecedentes, repensarse sobre quién debe encargarse de ello, como asimismo garantizar el derecho de defensa de los y las concursantes.

En cuanto al mecanismo se observa que, si bien el reglamento actual es muy minucioso en cuanto a pautas objetivas y tablas de valores para computar cada rubro, lo cierto es que esa objetividad pasa por alto la calidad de esos antecedentes, dispensándose un tratamiento que no distingue esfuerzos y excelencia, lo cual impide distinguir entre «antecedentes inflados» o supra valorados de aquellos fielmente logrados con dedicación y exigencias académicas y/o profesionales.

En este sentido, debiera instituirse una etapa de evaluación con más garantías en este aspecto, donde exista la posibilidad de que pueda establecerse una consideración fundada que permita distinguir las trayectorias y los distintos elementos académicos.

Por ello sería aconsejable la participación externa de agentes de la sociedad civil que participen de esta etapa de valoración, como asimismo arbitrar la posibilidad de una minuciosa defensa pública por parte del concursante abierta a las preguntas que permitan un conocimiento más acabado de su trayectoria, todo lo cual permitirá tener una idea concreta de su perfil y posición en el derecho.

Asimismo una de las falencias que se advierte en esta etapa es la falta de traslado de las impugnaciones al concursante que puede verse afectado. Es así que en muchos casos aparecen reducciones sorpresivas de puntajes de candidatos a partir de impugnaciones que efectúan otros, sin ningún tipo de posibilidad de defensa previa ni impugnación posterior, significando ello reacomodamientos y reposicionamientos que muchas veces terminan torciendo las posiciones del orden de mérito original, lo que habla a las claras de la necesidad de regular sobre el punto.

[B] Otro de los aspectos a modificar está en la etapa de la oposición, esto es, el examen escrito que rinden los candidatos.

En primer lugar, la reforma debería apuntar sobre quienes pueden ser jurados de los concursos y su procedimiento de designación, aspectos que han sido muy controvertidos en los últimos tiempos.

En orden a la prueba en sí, se ha observado la práctica de que los Jurados presentan para resolver situaciones idénticas a casos resueltos en la jurisdicción que se concursa, o por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual no es lo más atinado si lo que se quiere establecer es una prueba para garantizar las habilidades técnicas del postulante. Siempre será más sencillo analogar un caso que tener que razonarlo y mostrar todos los recursos que pueden proyectarse sobre el mismo.

Además, la presentación de ese tipo de casos razonablemente genera la suspicacia o sospechas que conviene desde el vamos aventar.

[C] El aspecto más cuestionado y que debiera ser objeto de una inmediata y profunda reforma, es la etapa de la Entrevista Personal.

Como dijéramos antes, de acuerdo al trabajo de investigación de la Universidad de José C. Paz, más del 70 % de los concursos encuentran modificaciones en el orden de mérito obtenido en los exámenes y antecedentes, a través de la entrevista personal con los consejeros, lo que, atendiendo a la composición prevalentemente política de dicho órgano, desvirtúa el sentido original de la Reforma Constitucional de 1994 de regular un organismo que equilibre la decisión con candidatos que acrediten condiciones técnicas y profesionales.

Bien usada, la entrevista personal puede ser una valiosa etapa donde los candidatos mejor posicionados puedan revalidar sus condiciones y antecedentes, mejorando incluso su proyección original. Lo que no puede ser es que esa etapa se transforme en un salvoconducto para aquellos que no han demostrado condiciones en la fase técnica y de antecedentes.

Asimismo, debería prohibirse de manera expresa toda práctica que desnaturalice las ternas y el uso abusivo de las listas complementarias, debiendo ponerse límites legales concretos que no podrá exceder el poder reglamentario.

[D] Bajo la misma idea de reformas en el nivel legislativo sería conveniente la «incorporación de agentes externos que auditen y tengan algún tipo de intervención en el proceso de selección», tanto en la etapa del Consejo de la Magistratura, como en la del Poder Ejecutivo y el Senado.

A tales efectos podrían ser convocadas organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria a los fines de que realicen esa función, con la capacidad de poder emitir opiniones que deban ser tenidas presentes a la hora de tomar decisiones. Estas organizaciones deberían representar a la sociedad en su conjunto y a grupos vulnerables en particular[13].

[E] Otra alternativa sería volver al sistema anterior de designación directa del presidente con acuerdo del Senado, que podría revestirse de un consejo asesor integrado por distintos estamentos, a la manera de lo que ya había sido pensado en el Anteproyecto de 1988.

A ello podría agregarse ciertas pautas de autocontrol y de garantías de control externo, pudiéndose tomar como base el decreto 222/2003, sobre el procedimiento para la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional le asigna al presidente de la Nación para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado durante el gobierno del del expresidente Néstor Kirchner.

También se podría sumar un proceso de defensa de antecedentes serio y exigente ante el Senado, pudiéndose emular ciertos aspectos del modelo español y el italiano sobre el particular[14].  

Esto promovería un sistema más expeditivo indudablemente. Claro que ameritaría plantearse la necesidad de una reforma constitucional que defina y debata sobre la necesidad de mantener un órgano extra poder en esta función, su integración y modalidades para garantizar una adecuada representación de la sociedad.

          III

Por otro lado, se imponen modificaciones que apunten a concretizar los cambios establecidos y proyectados desde hace largo tiempo para mejorar la calidad funcional del Poder Judicial.  

La gran apuesta en todas las materias sigue siendo establecer mecanismos que garanticen el debido acceso a la Justicia de los grupos más vulnerables, en línea con el sistema interamericano de derechos humanos, y en particular con las 100 Reglas de Brasilia, Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad[15].

En este sentido es muy interesante la implementación de la capacitación en género a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, como política de Estado a los fines de que los operadores del sistema se formen técnicamente en esta perspectiva e internalicen aquellos elementos que les permita empatizar con las problemáticas y valores que subyacen en las causas que tienen a su cargo[16].

No obstante, sería aconsejable extender esa capacitación a otras áreas vinculadas con colectivos vulnerables que permita encauzar de manera integral el problema del acceso a la justicia de estas personas.   

En esa línea debe definirse el rol del Poder Judicial en la tutela de los derechos colectivos, que incluyen derechos sociales como la salud, vivienda, alimento y el efectivo acceso a los servicios públicos. Se encuentra pendiente la definición de una ley que regule la materia, estableciendo los alcances y límites la actividad judicial, reglas sobre la competencia, las medidas cautelares y los alcances de las resoluciones[17]. 

La oralización del proceso civil, y su implementación en todas las instancias, es otra de las grandes metas a los fines de acelerar la decisión de las causas, sobre todo las de menor cuantía.

En materia penal ya está en camino la tan ansiada implementación y aplicación en todo el país del nuevo código procesal penal federal, que modifica sustancialmente los roles de jueces y fiscales al instaurar el sistema acusatorio o adversarial[18].

El juez pasa a tener una función estrictamente de garantía quedando todo lo relacionado con el ejercicio de la acción penal en cabeza del Ministerio Público quien lleva adelante con exclusividad la investigación. Esto es un giro de ciento ochenta grados en la idiosincrasia del sistema de justicia, recortando en gran medida los tradicionales poderes del juez.

En este sentido se incorporan nuevas facultades para el fiscal, como el criterio de oportunidad y las posibilidades de conciliación, enfocadas en desconcentrar la cantidad de causas en trámite, para determinados casos. 

En cuanto a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción pende de un serio debate sobre todas aquellas medidas procesales que, con motivo de dotar de efectividad al sistema, tensionan los principios y garantías básicos que hacen al debido proceso.

La protección de víctimas y testigos, la figura del arrepentido junto con otras formas de colaboración penal, las restricciones provisorias de libertad y otras medidas cautelares, deberán tener un serio análisis desde la lógica de los derechos fundamentales, a los fines de evitar la consolidación de un derecho penal del enemigo que ponga bajo su manto al debido proceso de la Constitución y los tratados de derechos humanos.



(*) Abogado UNLP; Auxiliar Fiscal de la Unidad de derechos Humanos de La Plata, Coordinador y Coautor de la obra  Acceso a la Justicia y Grupos Vulnerables, a propósito de las Reglas de Brasilia, Librería Editora Platense.

[1] Todo ello se inspira en el denominado «movimiento del Acceso a la Justicia», iniciado por Mauro CAPPELLETTI y Bryant GARTH, con su clásica obra “Acceso a la Justicia” escrita en 1978 en inglés y traducido al español en 1982 por el colegio de abogados de La Plata. Se trata de una inspiración de origen procesalista que fue evolucionando desde un enfoque orientado en la visualización de obstáculos económicos al acceso propiciándose distintas herramientas procesales como la defensa gratuita, el beneficio de litigar sin gastos, modalidades alternativas de resolución de conflictos, la oralidad del proceso, mayores facultades para el juez, etc. La evolución posterior hasta nuestros días se integra con miradas más sociológicas de la problemática con una apertura hacia los derechos humanos y la internacionalización del derecho, propiciándose herramientas que trascienden al problema económico para volcar el enfoque de acceso hacia todos los grupos vulnerables que coexisten en la sociedad (mujeres, niños, migrantes, adultos mayores, discapacitados, etc), destacándose medidas de discriminación inversa, tutelas preferenciales, presunciones de inconstitucionalidad, inversión de cargas probatorias, medidas judiciales con efectos colectivos, etc.  

[2] Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) del 2018, el nivel de confianza de la sociedad en la Justicia argentina está en los peores niveles de los últimos años, llegando casi a un 90% de imagen negativa. Se alude en el informe a que en la actualidad el nivel de confianza es de un 11,7%, apareciendo el Poder Judicial como el poder del Estado con peor imagen. “A lo largo de la serie histórica, los mayores niveles de confianza se dan en 2010 y 2011, para luego moderarse hasta 2016, año en el que inicia una tendencia descendente que se profundiza en 2017 mostrando el valor más bajo de la serie”, dice el informe. Se destaca en el informe que durante los meses de 2018 la Justicia fue epicentro de múltiples críticas relacionadas con su autonomía como poder del Estado y su nivel de eficacia, especialmente en lo que hace a las causas por corrupción, señalándose que estos datos reflejan "un creciente cuestionamiento al rol de la Justicia y la posible influencia de los intereses políticos de turno". El informe puede consultarse aquí http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/2018-_Observatorio-Confianza_Institucional-VidaCiudana.pdf 

[3] Esto en el sentido de que el objeto de ese tipo de encuesta no es la Justicia misma sino la percepción o idea que tiene la gente consultada sobre ella. En tal sentido, puede pasar que en los hechos la Justicia funcione mucho mejor de lo que parece o también mucho peor. Además, hay que tener en cuenta un dato que, en general, falta en esas encuestas, referido a cuál es la idea que tiene la gente sobre la Justicia, qué conocimiento y  expectativas tiene sobre los alcances de su función, lo cual nos permitirá saber con más exactitud la adecuación o no de dichos niveles de confianza o legitimidad respecto de lo que la Justicia realmente puede hacer como poder del Estado.  

[4] Sobre el particular me remito al trabajo Reflexiones mínimas sobre el plan de la Corte para «transformar» los Poderes Judiciales, del 6 de marzo de 2018 http://palabrasdelderecho.blogspot.com/2018/03/reflexiones-minimas-sobre-el-plan-de-la.html

[5] “…En América Latina la actuación tradicional de los jueces ha estado claramente vinculada a la forma de su nombramiento. Jueces y magistrados nombrados políticamente han atendido preferencialmente a aquéllos a quienes debían su nombramiento, para resolver favorablemente los asuntos en los que políticos y poderosos tenían interés y para no ejercer su deber de controlar la constitucionalidad y legalidad en el ejercicio del poder. Los ejemplos sobran y son conocidos. Nuestras judicaturas sólo excepcionalmente han sido ejemplo de independencia de los centros o focos de poder. De allí el interés de desvincular los nombramientos de los núcleos de poder. PÁSARA, Luis La designación de Jueces en la reforma de la Justicia Latinoamericana, artículo en línea en https://dplfblog.com/2014/12/18/la-designacion-de-jueces-en-la-reforma-de-la-justicia-latinoamericana/

[6] “…Jueces dispuestos a guardar fidelidad a quienes los nombraron tienden a ser jueces de mediocre calidad profesional; dicho en otras palabras, abogados de buen nivel profesional por lo general no se hallan dispuestos a someterse a un nombramiento que les supone la carga de deberlo y tener que pagarlo mediante sus resoluciones. Es este uno de los factores que explica la medianía profesional que ha caracterizado históricamente a la judicatura latinoamericana, en contraste con la de otras partes del mundo. La necesidad de contar con mejores jueces requería, pues, nombrarlos de un modo distinto…”. PÁSARA, Luis, Op. Cit

[7] La entrevista personal es una audiencia que tienen  los concursantes con los consejeros luego de la calificación del examen y los antecedentes que determinan el orden de mérito. Al respecto puede consultarse un profundo y extenso trabajo realizado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), “Elección de jueces y juezas. Demoras y (falta de) Criterios” puede consultarse y  descargarse en https://www.unpaz.edu.ar/publicaciones/informes-de-institutos-de-investigacion/administracion-del-poder-judicial-3 . Se trata de una extensa y completa investigación que con números concretos demuestra esos problemas en el Consejo de la Magistratura de la Nación, con datos objetivos a partir de la propia información documental que se extrae del propio organismo, que determina que más del 70 % de los concursos se encuentran modificaciones en el orden de mérito obtenido en los exámenes y antecedentes, a través de la entrevista personal con los consejeros. 

Justamente el actual presidente Alberto Fernández se refirió a este tema en varias entrevistas, con cita de la investigación aludida. Al respecto dijo “El 70 % del orden de mérito obtenido del orden de antecedentes y oposición se tergiversa en esa audiencia. ¿Qué quiere decir esto? usted puede sacarse un 10 en antecedentes y un 10 en oposición, pero si yo le pongo un 1 como Consejero en esa audiencia usted se saca un 7 promedio, y así reordena el orden de mérito original.  Y eso hay que revisarlo, porque ese es el verdadero mecanismo que tiene la política para manipular la Justicia…” (ver entrevista del 19 de mayo de 2019,  https://youtu.be/uml9-0mczCo   del minuto 49: 51 segundos a 53 minutos 30 y entrevista del 19 de Julio de 2019 https://youtu.be/OUH0kl0_-r8, en particular desde el  minuto 17, 40 segundos hasta el minuto 20, 17 segundos aproximadamente).

[8] La lista complementaria está integrada por aquellos candidatos que no han llegado a la terna pero que debido a que algunos o todos los ternados están expectantes en otros concursos quedan a la espera de que se produzca una vacante por la designación de estos en dichos otros concursos. Sobre este aspecto puede consultarse un trabajo de investigación de Noelia Barral Grigera publicado el 28 de mayo de 2019 donde se explica detalladamente este mecanismo junto con la denuncia efectuada por el senador Mario País https://www.baenegocios.com/política/Cruje-y-complica-al-Gobierno-el-plan-Macri-de-nombramientos-judiciales-20290527-0068.html . Ver además la intervención del Senador Mario País en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación el 14 de mayo de 2019, donde se argumenta sobre el abuso de las listas complementarias https://youtu.be/EXuOPgNINQ4.

[9] La Lista Celeste, un espacio tradicional de muchos años en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, puso el acento también en esta cuestión: “… En los últimos años se puso en práctica un sistema que permite tres candidatos distintos por terna. Esto genera que en los concursos múltiples tengan posibilidades quienes ocupan lugares no muy altos junto a quienes obtienen los mejores puntajes, a lo que se suma que, en algunos casos puntuales, no fueran seleccionados ninguno de los integrantes de una terna, violándose así la exigencia constitucional…El Poder Ejecutivo ha utilizado su facultad “discrecional” de elegir entre los ternados, de manera poco satisfactoria, postergando en muchos casos a los mejores posicionados, de manera reiterada. No se conoce cuál es el criterio que utiliza…Se trata de cuestiones graves, ligadas unas a otras, que requieren una profunda revisión...”. Comunicado Lista Celeste del 11 de julio de 2019 https://us5.campaign-archive.com/?e=3dcba80111&u=964b0ea661f0120206bb6c2ad&id=3f3fa55c98.

   Asimismo, el 1° de noviembre de 2019, la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe donde se denuncian hechos relacionados con una presunta intromisión en el Poder Judicial por parte del gobierno de Mauricio Macri. Se trata de una serie de hechos presentados ante la relatoría en septiembre de 2018 por tres organizaciones: Abogados por la Justicia Social (AJUS); la Liga Argentina por los Derechos Humanos; e Iniciativa Justicia. Entre otros aspectos se destaca el relacionado con el nombramiento arbitrario de jueces, la parálisis de concursos en los que abogados no afines al Ejecutivo obtienen buen puntaje; los traslados de jueces a cargos para los que no concursaron; arbitrariedad en la designación de jueces subrogantes. Puede consultarse y descargarse el informe en  https://drive.google.com/file/d/1J0RbWxtVSVt_8-A3LBOdgNcCBg51y0iR/view

[10] Ver en este sentido el Informe de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes citado.

[11] En tal sentido, el discurso que diera el Papa Francisco ante distintos jueces de la región en junio del 2019, se ubica en esta perspectiva. Dijo el Santo padre “…Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo pero el juicio previo mediático lo conocemos todos. Esto nos recuerda que, en no pocos casos, la defensa o priorización de los Derechos sociales sobre otros tipos de intereses, los llevará a ustedes a enfrentarse no sólo con un sistema injusto sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder, que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda su honestidad y también su probidad, incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no sólo la fortaleza sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¡Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia! Ciertamente, se requiere de una gran entereza para poder sobrellevarlas…”. El Discurso del Santo Padre Francisco en La Cumbre de Jueces Panamericanos sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, del 4 de junio de 2019.

[12] PÁSARA, Luis, Op. Cit.

[13] Al respecto ver mi trabajo en coautoría con Inti Nahuel PÉREZ AZNAR, Análisis de la Función Judicial y Propuestas, publicado en la revista Puentes de la Comisión Provincial de la Memoria, Número 26 de diciembre del 2009, p. 31 y ss.

[14] Al respecto puede consultarse BERGALLI, Roberto, Hacia una Cultura de la Jurisdicción: Ideologías de Jueces y Fiscales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, en particular pp. 251-280. 

[15] Las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad son un conjunto de principios, directrices sobre políticas públicas y herramientas dirigidas a remover los obstáculos existentes en el seno del Poder Judicial, para el pleno y efectivo acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna. Vale resaltar asimismo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado las Reglas de Brasilia mediante Acordada 5/2009, de 24 de febrero, en tanto que el Ministerio Público de la Nación ha adherido a las mismas por Res. PGN N° 58/09, de 2 de junio, instruyendo a los fiscales, funcionarios y empleados de las distintas dependencias fiscales de todo el país, para que las incorporen como reglas prácticas en la atención de personas en condición de vulnerabilidad. El Ministerio Público de la Defensa de la Nación también ha adherido a las Reglas y dispuso la realización de diversas actividades y publicaciones relativas a aquéllas.

[16] Ley 27499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, promulgada en enero de 2019.

[17] Sobre esta temática se viene trabajando desde hace tiempo, fruto de una coyuntura que, sobre todo a partir del caso “Halabi” del 2009 –donde nuestro Alto Tribunal estableció las bases formales y sustanciales de la materia-, aumentó de manera exponencial los casos colectivos en diversas materias, provocando que, ante el vacío legal, fuera la misma Corte Suprema de Justicia de La Nación la que tuviese que regular sobre las distintas cuestiones de procedimiento que se fueron forjando a lo largo de todos estos años –Acordadas 32/2014 y 12/2016-.  Podemos destacar dos anteproyectos de Ley de Procesos Colectivos. Uno enviado al Congreso por el gobierno de Mauricio Macri en el marco del proyecto Justicia 2020, realizado por una comisión integrada, entre otros, por Carlos Balbín, Hernán Calvo, Claudia Caputi, Eduardo Oteiza, Bernardo Saravia Frías https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2018/01/Anteproyecto-de-Ley-Procesos-Colectivos-FINAL.pdf; otro elaborado, entre otros, por Leandro J. Giannini, José M. Salgado y Francisco Verbic https://www.academia.edu/33377952/Anteproyecto_de_Ley_de_Procesos_Colectivos .

[18] Ley   27.063, con las incorporaciones dispuestas por la Ley Nº 27.272 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.482. La implementación del nuevo sistema procesal penal federal ha sido de aplicación progresiva por etapas en las distintas regiones del país. El 10 de junio del 2019 comenzó en las provincias de Salta y Jujuy, proyectándose para el 2020 una aplicación para a todo el territorio nacional.

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