• sábado 22 de febrero del 2020
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La Corte Suprema rechazó una doctrina de la justicia penal de la Provincia de Buenos Aires que no respetaba el principio de legalidad

Lo hizo en un caso en el que la Corte provincial y tribunales locales se apartaron de la interpretación de la Corte Suprema respecto a la causal de prescripción del art. 67 inc. e) del Código Penal, la cual es de seguimiento obligatorio.

El máximo tribunal de la Nación estableció que la interpretación por la cual se le confería capacidad de interrupción de la prescripción a sentencias de tribunales intermedios actuando como una “secuela de juicio”, no respeta el principio de legalidad ni va en concordancia con lo que la misma Corte Suprema ha entendido sobre el alcance del inciso “e” del artículo 67 del Código Penal.

En ese sentido, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti criticaron la insistencia de la Suprema Corte provincial y sus tribunales en desoír la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema sobre este instituto, lo que implica –además de un alzamiento contra la autoridad del máximo tribunal- una violación a la doctrina del “leal acatamiento” de sus sentencias.

Sobre ese punto, aclararon que la decisión sobre la interpretación de la constitucionalidad de una norma, resulta de seguimiento obligatorio por el resto de los tribunales del país a menos que estos acerquen nuevas y fundadas razones para demostrar claramente su error e inconveniencia, situación que no ha ocurrido en el presente caso.

Además, indicaron que la Suprema Corte bonaerense violenta el principio de legalidad al exceder el límite de la interpretación posible del texto legal en perjuicio del imputado, lo que implica a su vez una violación al derecho a ser juzgado/a en un plazo razonable.

En el caso que motivó esta resolución, el Tribunal Oral Criminal de Tandil condenó en marzo de 2005 a Haydée Susana Farina a la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina por un homicidio culposo, sentencia que fue recurrida ante el Tribunal de Casación provincial y redujo a 1 año y medio de prisión –también en suspenso- y una inhabilitación de 6 años y 8 meses.

Con posterioridad a ello, la defensa de Farina recurrió ante la Suprema Corte provincial, pero su recurso fue desestimado. Además, meses después –previo a interponer un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de la Nación- solicitó se declare la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido.

Sin embargo, la misma Corte bonaerense rechazó el recurso, sin entrar a analizar el planteo de la extinción de la acción penal por el paso del tiempo que adujo la defensa de Farina.

Posteriormente, intervino la Corte Suprema de la Nación y suspendió en dos oportunidades el trámite de la queja deducida por la condenada contra la primera sentencia dictada en marzo de 2005, indicando que debía analizarse en la justicia provincial si había existido otra comisión de delito que interrumpa la prescripción de la acción penal.

No obstante ello, la Corte de la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber constatado que la imputada no había cometido nuevos delitos, convalidó los decisorios que rechazaban el planteo de prescripción deducido por la defensa con base en una interpretación extensiva de lo establecido en el inc. e) del artículo 67 (dictado de sentencia condenatoria no firme), entendiendo que el decisorio del Tribunal de Casación Penal provincial que confirmó la condena debía ser considerado como una “secuela de juicio” interruptiva del curso de la prescripción.

 

Accedé al fallo.

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