• sábado 22 de febrero del 2020
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El Ministerio de Seguridad derogó el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego”

La Resolución se publicó en el Boletín Oficial derogando también otras disposiciones adoptadas durante la gestión de la ex ministra Patricia Bullrich.

Por Resolución 1231/2019, publicada el día de la fecha en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad derogó la resolución emitida por el propio organismo en el año 2018, por la que se aprobaba el “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”.

También, mediante el mismo acto, derogó la resolución de mayo del 2019 por la que se aceptaba el “Reglamento general para el empleo de armas electrónicas no Letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”; anuló  la creación del “Programa ofensores en trenes” y también se dio fin al “Servicio Cívico Voluntario en Valores”; y, revocó la resolución que creara el “Centro de Formación de Gendarmes” de la Gendarmería Nacional.

El ahora Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic, consideró necesario la derogación del “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, entendiendo que dicha norma ampliaba  de manera significativa las circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, haciendo caso omiso a las recomendaciones del “Código de conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley”, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estimó  que dicho reglamento ampliaba  los supuestos que se consideran situaciones de “peligro inminente” a los fines del uso de la fuerza letal, alejándose de señalar un límite claro para su utilización. Consideró que  la habilitación de la utilización de dichas armas ante el mero acaecimiento de una fuga  o de resistencia a una detención, atenta contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal, además de la posibilidad de afectar la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de dichos criterios en el uso de armas por parte de funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas.

Otra resolución derogada fue la que aprobaba el “Reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”. Estas armas electrónicas no letales son conocidas también  como “pistolas Taser” o armas de electrochoque; las cuales son diseñadas para incapacitar a una persona mediante descargas eléctricas.

La reglamentación que autorizaba su uso constaba de seis artículos los cuales regulaban de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad para su uso; además de no contemplar los principios que rigen la utilización del armamento letal ya que categorizaba a estas armas como “no letales”.

Se advirtió además la no existencia de regulación sobre la manera de utilizar el armamento, ocasionando una situación de peligro exponencial no delimitándose claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden ser realizadas las descargas, cuanto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, entre otras circunstancias no contempladas.

Por otro lado, el Servicio Cívico Voluntario en Valores,  dirigido a jóvenes de dieciséis a veinte años de edad, implementado por la Gendarmería Nacional, fue suprimido entendiendo que las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería Nacional no guardan correlación con los objetivos y fundamentos propuestos por aquel Servicio.

También el “Programa Ofensores en Trenes” se dio por terminado, entendiendo que el mismo adoptaba medidas que criminalizaban a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados. Dicho programa se presentaba con la finalidad de prevenir delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros estableciendo la obligatoria exhibición del documento nacional de identidad siempre que fuera necesario probar la identidad de las personas.

Finalmente se dió por terminada la resolución que creaba el “Centro de formación de gendarmes” de la Gendarmería Nacional, que tuvo como consecuencia la desafectación de la jurisdicción de la entonces Secretaría de Gobierno de Turismo, de los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística Chapadmalal, asignando su uso al Ministerio de Seguridad, instalando allí el espacio para dicho centro de formación, ignorando que dicho complejo había sido declarado monumento histórico nacional con anterioridad en el año 2013. Por tal motivo, el Ministerio de Seguridad entendió que la iniciativa formativa bien debería de emplazarse en lugares que no susciten un rechazo social por afectar un monumento histórico nacional.

Accedé a la resolución

 

 

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