• sábado 22 de febrero del 2020
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Se dictaminó la inconstitucionalidad de la instancia administrativa previa y obligatoria ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares

Fue a raíz de la vista conferida al Ministerio Público Fiscal en un caso que tramita en la Justicia Laboral.

En el caso se solicitó la intervención del Fiscal con el fin de que se expida sobre la competencia de la Justicia Nacional de Trabajo para entender en un caso iniciado sin el reclamo previo ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, según lo previsto por la ley 26.844. 

Ante la interposición de la demanda en sede judicial, sin el reclamo administrativo previo, la demandada opuso excepción de incompetencia que fue replicada con un planteo de inconstitucionalidad por parte de la actora de los arts. 51 y 53 de la mencionada ley. Respecto de la excepción, el Fiscal entendió que la demandada no cuestiona “la competencia de la judicatura interviniente, atribuyéndosela a otro tribunal, sino la habilitación de la instancia judicial” y en base al principio iuria novit curia la reconfiguró tratándola como la excepción de inhabilidad de instancia, la cual dispuso rechazar.

Fundamentó esto último en la inconstitucionalidad de los arts. 51 y 53 de la ley 26.844, tal como fue planteado por la actora. Así, citando otros fallos sobre el tema, entendió que cuando se trata de relaciones entre particulares, el acceso a los estrados judiciales no puede quedar supeditado al previo cumplimiento de un trámite administrativo sino que “debe ser resuelto conforme establece la Constitución Nacional por el Poder Judicial de la Nación, y no por un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, como es el Tribunal de Servicio Doméstico”. Salvo en casos en los que exista un interés público y medien circunstancias excepcionales, extremos que no se verifican en el caso del Personal de Casas Particulares. 

Concluye que “La instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente, provoca como consecuencia, una situación de discriminación…” y que “Por ende son inconstitucionales las instancias administrativas que se establezcan con carácter de previo y obligatorio” por violar la garantía del juez natural, la división de poderes y el art. 109 de la Constitución Nacional. 

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